MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
El Congreso retomará esta semana la tramitación de las proposiciones de ley registradas en enero de 2014 por el PP y el PSOE para recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía con intención de que la reforma sea aprobada por el Pleno el día de 16 de julio y se remita al Senado.
En concreto, el lunes se analizarán en ponencia las enmiendas parciales presentadas por los distintos grupos parlamentarios y dos días después tendrá lugar el debate en la Comisión Constitucional, que emitirá el dictamen que se elevará al Pleno.
La semana pasada PP y PSOE cerraron un acuerdo para fusionar las dos proposiciones de ley sobre este asunto que ambos habían presentado por separado en enero de 2014 y que decidieron reactivar el pasado mes de junio.
Lo que hicieron los dos grupos mayoritarios fue registrar las mismas enmiendas parciales a sus dos textos y estás serán las que se incorporen a las proposiciones originales que ya quedarán fusionadas en una única iniciativa en la que no está previsto se incluya ninguna de las sugerencias del resto de la oposición.
El recurso previo de inconstitucionalidad, que inicialmente podía utilizarse frente a todas las leyes del Gobierno, estuvo en vigor hasta 1985, cuando el Gobierno socialista de Felipe González lo suprimió acusando a la oposición de utilizarlo para tumbar los presupuestos generales.
SE CAMBIAN TRES ARTÍCULOS
La redacción pactada por PP y PSOE implica cambiar tres preceptos de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para volver a incluir entre sus funciones el control previo de la constitucionalidad de los Estatutos de Autonomía y de sus reformas, una vez aprobadas por las Cortes Generales y antes de su entrada en vigor.
La idea es abrir un plazo "extremadamente breve" de tres días para que los actores con potestad para presentar recursos ante el TC (Gobierno, Defensor del Pueblo o más de 50 diputados, entre otros) decidan impugnar una reforma estatutaria tras su aprobación por las Cortes Generales. Si se recurre, todos los trámites se congelarán, incluyendo el referéndum que pueda contemplar la legislación autonómica.
Al Tribunal Constitucional se le da un plazo "improrrogable de seis meses" --como defendía el PSOE en su iniciativa original-- para resolver los recursos previos planteados, dando preferencia a estas impugnaciones frente al resto de asuntos que tenga en agenda.
Si el TC declara la inexistencia de inconstitucionalidad los trámites de la reforma estatutaria seguirán su curso, pero si algunos preceptos son declarados inconstitucionales habrán de ser suprimidos o modificados por las Cortes Generales antes de continuar con su tramitación.
NO PREJUZGA RECURSOS POSTERIORES
Eso sí, la resolución del recurso previo no prejuzga la decisión que pueda tomar el TC más adelante sobre nuevos recursos o cuestiones de inconstitucionalidad que se puedan plantear tras la entrada en vigor.
En la exposición de motivos se subraya que "los Estatutos de Autonomía deben estar sujetos a la Constitución como garantía de estabilidad y no fricción en la arquitectura jurídico-institucional del Estado". "Si a esto añadimos su carácter de norma con rango de ley, ha de ser el Tribunal Constitucional quien ostente el monopolio de su control de Constitucionalidad", agrega.
LA REFORMA ESTUVO MÁS DE UN AÑO BLOQUEADA
Aunque las proposiciones de ley originales se registraron en enero de 2014 y al mes siguiente fueron tomadas en consideración conjuntamente en el Pleno del Congreso, las iniciativas han estado más de un año bloqueadas sin que se diera el paso de presentar enmiendas.
El pasado mes de febrero el PP sondeó al PSOE para retomar la reforma y, tras dejar pasar las elecciones andaluzas y municipales, se acordó reactivar la tramitación, celebrando el debate de totalidad en el que se rechazaron las enmiendas planteadas por los nacionalistas e Izquierda Plural (IU-ICV-CHA).
Una vez debatidas en ponencia y comisión, el Pleno volverá a debatir el asunto en la sesión extraordinaria prevista para 16 de julio y remitirá la proposición de ley al Senado que ya la aprobará en septiembre, de manera que esté en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de la disolución de las Cortes Generales.