El Congreso aprueba en comisión el informe sobre financiación de partidos con el no de PP, PNV y PDeCAT

La Comisión de Calidad Democrática y contra la corrupción del Congreso ha aprobado este miércoles el informe con recomendaciones para actualizar la legislación sobre financiación de partidos pactado por PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos. El texto, que tendrá que ser después ratificado por el Pleno del Congreso, ha salido adelante sólo con los votos de sus promotores, ya que PP, PNV y el PDeCAT han votado en contra y ERC se ha abstenido.

Estos cuatro partidos no han apoyado el texto a modo de protesta por la decisión de socialistas, morados y naranjas de pactar las conclusiones al margen del resto de grupos. En la votación que tuvo lugar en la subcomisión la semana pasada, PNV y PDeCAT se abstuvieron, y el PP optó por no participar en la votación.

Este miércoles los tres lo han votado en contra y ERC --que no acudió a la reunión de la subcomisión-- se ha abstenido. Los cuatro han presentado sendos votos particulares y, aunque todos ellos han sido rechazados por PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, los mantendrán vivos para volver a defenderlos en sesión plenaria. El PNV ha sido el único partido que ha votado en contra de que el informe aprobado por la comisión fuera elevado al Pleno.

Las portavoces del PP, Beatriz Escudero, y el del PDeCAT, Lourdes Ciuró, han aprovechado sus intervenciones para reiterar sus críticas a los muñidores del acuerdo por haber "interrumpido bruscamente" los trabajos de la comisión al descolgarse con su propio texto.

"El acuerdo era difícil, pero nunca debería ser imposible", ha señalado Ciuró quien, no obstante, ha reconocido que PSOE, el grupo confederal y Ciudadanos tenían "legitimidad" para aprobar sus propuestas al margen del resto.

ARRIERITOS SOMOS

Escudero, por su parte, ha negado que el PP haya dificultado la consecución de acuerdos como le han reprochado especialmente el PP y Ciudadanos. "Dime de qué presumes y te diré de qué careces", ha sentenciado la portavoz, denunciando que los impulsores del dictámen han tenido "de todo, menos calidad democrática" al "imponer" su texto al resto. "Arrieritos somos y en el camino nos encontraremos", ha avisado.

Artemi Rallo (PSOE), Juan Pedro Yllanes (Unidos Podemos) y Nacho Prendes (Ciudadanos) han defendido el informe acuerdo, que incluye un total de 75 medidas para mejorar el régimen jurídico y el de financiación de los partidos políticos.

PRIMARIAS SUBVENCIONADAS

El informe sugiere la inclusión de primarias para la elección de candidatos a la Moncloa y los gobiernos autonómicos y locales con una determinada población. Pide también que no haya una exigencia "excesiva de avales" para concurrir, que la financiación de las campañas sea transparente y que se busque un "procedimiento singularizado" para que las primarias reciban algún tipo de financiación pública.

También apuesta por reformar el Tribunal de Cuentas para reforzar su independencia --que sus miembros tengan las mismas incompatibilidades que los jueces--, su capacidad de control e investigación sobre las cuentas de los partidos y también de imponer medidas coercitivas y sanciones. En concreto, pide que puedan retener las subvenciones públicas a los partidos que no le remitan su contabilidad.

ENDURECER EL RÉGIMEN PENAL

En el plano penal, se recomienda revisar el delito de financiación ilegal de los partidos para rebajar "significativamente la cuantía mínima que da lugar a los supuestos con penas de prisión", así como tipificar la manipulación de las cuentas anuales. Quieren que los que se financien ilegalmente a través de actos de corrupción de sus cargos públicos u orgánicos se hagan responsables patrimonialmente de dichos actos. Sobre las sanciones administrativas, demandan extender los plazos de prescripción de las conductas ilícitas.

Asimismo, la reforma de la Ley de Financiación de Partidos debería contemplar como sancionables la aceptación de donaciones finalistas, revocables o procedentes de personas o empresas que tengan contratos con el sector público. También se aspira ampliar el catálogo de "faltas graves", incluyendo, por ejemplo, la incorrecta identificación de los donantes.

Además de medidas para obligar a los partidos a ser totalmente transparentes en lo organizativo y lo económico, el informe prevé reforzar los mecanismos internos de control con la creación de unidades de fiscalización independientes, códigos éticos y regímenes disciplinarios. Otra de las recomendaciones es reforzar la figura del tesorero o gerente para que pueda fiscalizar la organización a todos los niveles territoriales y sectoriales.

MÁS SUBVENCIONES A QUIEN CUMPLA

PSOE, Unidos Podemos y Cs abogan recoger en la Constitución el principio de que los partidos deben contar con un nivel de financiación suficiente para realizar su labor de canalizadores de la participación política. Respecto a las subvenciones que reciben, piden ordenar el sistema vigente para su concesión --ahora demasiado heterogéneo-- y unificar su regulación jurídica.

Primar en las subvenciones a los partidos que cumplan determinados objetivos como la celebración de primarias, el equilibrio de género en las listas u órganos, la limitación de mandatos o ciertos niveles de transparencia es otra de las propuestas. También apuestan por que, vía Presupuestos Generales del Estado, se fije un tope anual para las ayudas económicas que reciben los grupos parlamentarios municipales que ahora son muy dispares.

Respecto a la financiación privada sugieren garantizar la trazabilidad de los ingresos. Y en lo relativo a las fundaciones, piden limitar las donaciones de personas físicas máximas por año y persona y publicar la identidad de los donantes por encima de un determinado umbral que no especifican. Además, las fundaciones deberán someterse a los controles y obligaciones contables de los partidos, publicar informes anuales sobre las donaciones que perciben e informar al Tribunal de Cuentas también de su actividad no vinculada al partido.

Entre las propuestas también destacan regular los microcréditos y el crowdfunding, así como un 'mailing' electoral que evite gastos innecesarios y garantice el pluralismo y la igualdad, aunque no hablan específicamente de un correo único con todas las candidaturas.