- La modificación del Senado y la revisión de órganos consultivos públicos economizaría las arcas públicas
Matteo Renzi lo intentó y perdió. Su propuesta de realizar una significativa reforma de la Constitución italiana fue rechazada por la ciudadanía. El primer ministro dice ‘ciao’ a Italia -por ahora- y Europa añade así otro foco de incertidumbre sobre su futuro. No obstante, la reacción desde España por este acontecimiento ha sido diferente.
La reforma constitucional es un importante tema de debate entre la clase política española, especialmente por parte de las nuevas formaciones que han irrumpido en el escenario parlamentario. La propuesta de Renzi ha reabierto el debate. PP, PSOE y Ciudadanos plantearon que cualquier reforma de la Carta Magna debe hacerse por amplio consenso alejado de personalismos como sucedió en Italia, mientras que Podemos defiende la importancia de que los ciudadanos sean los que tengan la última palabra.
Estas valoraciones se realizaron días después del resultado del referéndum italiano y durante el aniversario de la Constitución Española de 1978. Su revisión es necesaria, se argumenta. “Tras casi 40 años de vigencia, la Carta Magna se ha quedado desfasada para la realidad del país”, expone el politólogo Ignacio Martín Granados. No obstante, ninguna de las cuatro principales formaciones españolas concretó, en ese momento, ningún apartado de la Carta Magna que deba ser reformada.
Por ello, las propuestas de Renzi podrían resultar un punto de partida en esta nueva legislatura. Aunque, como señala Martín Granados, “cada realidad es diferente y el primer ministro italiano se equivocó en el método”. La propuesta debatida en el país vecino incluye medidas como una gran reforma del Senado, la supresión de organismos semejantes a las diputaciones provinciales o la revisión de consejos consultivos del Gobierno. Un escenario que supondría un ahorro de casi 6.000 millones de euros para las arcas del Estado.
DIPUTACIONES
La reforma de Renzi propuso suprimir las provincias, cuyas funciones se han visto notablemente mermadas en los últimos años. Un organismo semejante a las diputaciones provinciales en España cuya su existencia se encuentra en tela de juicio. “Desde la aparición del Estado de las Autonomías en España, la utilidad de estas instituciones es más que cuestionable”, apunta Martín Granados.
En España existen 41 diputaciones provinciales. De ellas, 38 son de régimen común y tres de régimen foral es Euskadi. En las islas, en lugar de diputaciones lo que existen son los cabildos y los consejos insulares: siete cabildos en Canarias y cuatro consejos insulares en Baleares.
Las diputaciones provinciales y el Senado han sido organismos muy cuestionados en los últimos años en España
Según datos del Ministerio de Hacienda, las diputaciones de régimen común tuvieron un presupuesto en el año 2015 de 5.971 millones de euros. El presupuesto de los cabildos y los consejos insulares que el año pasado llegó a 1.991 millones. Si a esta partida se suman las diputaciones forales de Euskadi, con mayor competencia que las anteriores, sobre todo en materia fiscal, con 13.804 millones de presupuesto, arrojaría una cifra definitiva de 21.586 millones de euros al año.
El pasado mes de febrero PSOE y C's propusieron la supresión de las 38 diputaciones de régimen común. Una propuesta que se podría asemejar a la reforma de las provincias italianas que sugería Renzi y que supondría un ahorro de 5.971 millones de euros.
SENADO
El principal objetivo de Renzi en su reforma fue la Cámara alta. Como recuerda Pablo Martín de Santa Olalla, autor de ’El laberinto italiano. Del fenómeno Berlusconi a la crisis actual', “hay que recordar que Italia, a diferencia de España, el Congreso y el Senado poseen la misma capacidad legislativa, conocido como bicameralismo perfecto”.
Esta situación provocó que “el primer ministro italiano buscara un sistema parecido al español en el funcionamiento de las dos cámaras”, indica Santa Olalla. Pero iba más allá y, con la intención de hacer a Italia más gobernable, pretendía alcanzar un ajuste económico recortando el 30% de sus 320 miembros y prohibiendo que sus miembros cobraran un sueldo como senadores.
En España, el debate sobre la utilidad de la Cámara de representación territorial no pasa de moda. Sus funciones se fundamentan en el control de la acción del Gobierno o la aprobación de presupuestos, acciones que, en muchos casos, se limitan a reafirma o denegar las decisiones del Congreso de los Diputados.
Su presupuesto es de 52,5 millones de euros. Donde su principal partida es la destinada a pagar el sueldo a los senadores, 15 millones de euros, que sería lo que podría ahorrarse. La retribución asignada para cada uno de los 266 senadores de manera homogénea es de 2.813,91 euros mensuales, a los que se suman determinados complementos en función del cargo que ostente cada uno.
Por la tanto, la reforma de Renzi aplicada en el Senado español ofrecería una Cámara alta de 80 senadores y se vería acompañado del recorte del salario de los senadores de 15 millones de euros. Por ello, sumado al ajuste de las diputaciones, la propuesta de Renzi permitiría a España un ajuste 5.986 millones de euros.
CONSEJO NACIONAL DE LA ECONOMÍA Y DEL TRABAJO
El primer ministro italiano propuso la supresión del Consejo Nacional de la Economía y del Trabajo (CNEL). Un organismo fundado en 1948 y encargado de relacionar a la sociedad civil y los gobernantes pero que, en pleno 2016, había caído en desuso y posee un presupuesto de 20 millones de euros anual.
Para Pablo Martín de Santa Olalla esta medida “se incluye en el objetivo que tenía Renzi de adelgazar, centralizar y simplificar la administración pública italiana”. Un ente parecido en España sería el Consejo Económico y Social (CES). Este órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y laboral fue fundado en 1991.
El CES está integrado por 61 miembros. Su presupuesto, según su portal web, es de 7,8 millones de euros que, sumados al recorte de diputaciones y del senado, trasladaría que la reforma de Renzi podría generar un ahorro de 5.993 millones de euros.
