• La coalición sospecha que se fraccionaron facturas para adjudicar los contratos a las empresas 'Exporigging' y 'Equipamientos Integrales de Stands Molinos SL'
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Francisco CorreaPOOL

Apenas diez días después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana enviara a prisión a los responsables de la trama Gürtel, por los falsos en los contratos del pabellón valenciano de Fitur, un nuevo escándalo que afecta a la adjudicación de los stands del Patronato de Turismo de la Costa Blanca, también para Fitur, amenaza con estallar en Alicante.

El grupo de Compromís en la Diputación de Alicante llevará ante Fiscalía Anticorrupción esta semana el fraccionamiento de los contratos para este patronato, entre 2004 y 2009. A su juicio, se ejecutó un "fraude masivo" al trocear un montante de 3,2 millones de euros en 70 facturas. La coalición cree que hay indicios de los delitos de fraude en la contratación y prevaricación administrativa.

Compromís cree que se ejecutó un "fraude masivo" al trocear un montante de 3,2 millones de euros en 70 facturas

La documentación, a la que ha tenido acceso Europa Press, se refiere a los años 2004 a 2009 y surge de la Comisión de Investigación por los 12 últimos años del PP al frente de la Diputación de Alicante. El período afecta al momento en que el presidente provincial era José Joaquín Ripoll y el diputado provincial de Turismo Sebastián Fernández.

Compromís, que tiene previsto dar a conocer toda la información en una comparecencia este lunes, "entiende que existe un fraude masivo de 3,2 millones de euros del Partido Popular en el Patronato de Turismo". La coalición sospecha que se fraccionaron facturas para adjudicar los contratos a las empresas 'Exporigging' y 'Equipamientos Integrales de Stands Molinos SL', ambas en manos de un matrimonio.

Se trata de dos mercantiles radicadas en el País Vasco y que ya están siendo investigadas en una causa en los juzgados de Orihuela junto a la expresidenta del PP de la Vega Baja, Pepa Ferrando. En esa causa, fiscalía les imputa el fraccionamiento de los contratos para la instalación del 'stand' de Orihuela en Fitur entre 2008 y 2011 y les acusa de ser cooperadores necesarios en cuatro delitos de prevaricación administrativa y cuatro delitos de fraude.

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