Aunque probablemente todos tenemos algún secreto por el que podríamos ser chantajeados —que alguien se atreva a tirar la primera piedra—, los errores de Cristina Cifuentes eran de tal magnitud que su estancia en política era como transitar por un campo de minas. De cualquier modo, no hay que ser muy sagaz para llegar a la conclusión de que los enemigos de Cifuentes que han utilizado artillería pesada para conseguir su caída no eran precisamente sus adversarios ideológicos: todo indica que la agresión ha sido de fuego amigo y que la munición proviene de los protagonistas de los dos grandes escándalos de corrupción que han sacudido la Comunidad de Madrid ante la inopia de Esperanza Aguirre, que no se enteraba de nada. Ni siquiera le llamó la atención que sus más cercanos colaboradores, cuyos salarios oficiales eran conocidos y mensurables, empezaban a llevar una vida incompatible con la de un probo trabajador en el sector público.
La URJC era/es un feudo del Partido Popular, y, como se ha visto, Cifuentes no fue la única que recibió un trato de favor, inaceptable y doloso, que hubiera sido rechazado por cualquier político ecuánime. Y la información detestable que saltó ayer a la luz sobre un supuesto pequeño robo de Cifuentes es muy antigua, como puede comprobar cualquier lector curioso en Google: la cleptomanía de la presidenta era una verdad/mentira a voces, que sólo ahora —qué casualidad— ha salido realmente a la luz. Y ayer mismo, el director del medio que ha publicado los destructivos vídeos declaraba que Aguirre, González y Granados conocían los vídeos comprometedores. Quiere decirse que ha habido una repugnante campaña orquestada contra Cifuentes, organizada por sus propios conmilitones. El PP se está devorando a sí mismo.
Todo ello, combina a la perfección con la estrategia del ventilador que han decidido poner en macha los detestables promotores de los episodios de corrupción que han sacudido al PP madrileño en los últimos meses/años: el caso Lezo, que contamina al expresidente Ignacio González y que está relacionado con los recursos detraídos del Canal de Isabel II y sus conexiones americanas, y el caso Púnica, que ha sacado a la luz una trama de corrupción urbanística de gran envergadura, encabezada por Francisco Granados, antiguo alcalde de Valdemoro, después nada menos que secretario general del PP madrileño.
Quiere decirse, en fin, que la estrategia de defensa de los mafiosos de la Comunidad de Madrid que ya han pasado una larga temporada en la cárcel pero que deben purgar todavía la mayor parte de sus culpas consiste en devastar todo lo devastable. Esto es evidente, por lo que constituye una grave imprudencia por parte de Ciudadanos que se preste ahora a reconstruir un Gobierno que no ha caído por la fragilidad de su presidenta sino por el estallido brutal de todo el nido de corrupción que albergaba en su seno el PP madrileño, cuya verdadera entidad sólo conoceremos (con suerte) cuando los procesos en curso lleguen a su final. Porque hay investigaciones en marcha que apuntan todavía más lejos: Ruiz Gallardón aparece también señalado en algunos sumarios.
El argumento que utiliza Rivera para apostar por investir a un sustituto popular de Cifuentes tiene su lógica abstracta —dice que quiere ganar al PP en las urnas y no en los despachos— pero está envenenado: los votantes del PP no pensaban en 2015 que la organización a la que otorgaban su confianza estaba tan contaminada internamente, tan repleta de purulencias y viscosidades.
No sería justo descalificar a todo el PP por el hecho de que algunas ‘secciones’ del partido se hayan podrido hasta deparar los escándalos que han ido estallando sucesivamente. Pero es claro que la caída en picado de las expectativas electorales del partido que todavía gobierna el Estado en minoría está relacionada tanto con la irrupción de casos de corrupción como con cierta lenidad a la hora de afrontarlos y corregirlos. En Madrid, la sospecha de que se cometían abusos es mucho más antigua que el descubrimiento del misterioso ático de González en Marbella. Y la propia Aguirre, cuya intuición política innegable no fue acompañada de cierta capacidad de control sobre sus colaboradores, ha reconocido a toro pasado haber sido burlada por los desaprensivos que la utilizaron como escudo para cometer sus fechorías.
En un sistema de partidos consolidado —y el nuestro no lo está—, las andanzas del PP madrileño, que comenzó una larga historia de irregularidades con aquel extraño y nunca explicado “tamayazo” que llevo a Aguirre al poder, sólo podrían corregirse mediante una larga estancia en la oposición. Aquí y ahora, los equilibrios son mucho más complejos pero es difícil no concluir de todo lo anterior que la única saluda digna del ‘caso Cifuentes’ sería que las minorías se pusieran de acuerdo para inhabilitar al PP y erigir un gobierno provisional hasta las próximas elecciones, que debería encargarse de desentrañar la basura interna que pueda quedar entre bastidores de unas instituciones tan desacreditadas por un grupo de saqueadores.
