- Si los representantes no saben gestionar la voluntad explícita de los representados, estos relativizarán el aprecio y el respeto que merecen
La reiteración de sesiones de investidura y de elecciones produce diversos efectos intelectuales y sociales: de un lado, la ciudadanía se percata de que el régimen político del 78 está firmemente arraigado dado que ni siquiera la frivolidad de la clase política es capaz de ponerlo en riesgo. El Estado de Derecho funciona sin vacilaciones ni dudas; la sociedad civil avanza con irritación pero también con determinación, sin dejarse impresionar por los desatinos; hasta la economía, en su ambiente propicio, nos está sorprendiendo a todos al registrarse indicadores insólitamente buenos, sin que la provisionalidad y la inestabilidad políticas influyan en el devenir.
Estamos en puertas de una tediosa sesión de investidura que ya se sabe destinada al fracaso
De otro lado, sin embargo, se produce una banalización de la política y de lo público. En este mes de agosto que concluye, la ciudadanía se ha dedicado a lo suyo, sin interesarse apenas por el gran batiburrillo político que nos han dejado sobre la mesa los ínclitos padres de la patria. Prueba de ello es que nadie ha echado en falta ni a los comunicadores con más audiencia ni a los programas audiovisuales que gozan de más favor del público. Y si no es malo que el proceso político sea asimilado por la opinión pública con naturalidad y sin dramatismo, tampoco es bueno que la ciudadanía se desinterese de cuanto ocurre en las instituciones a causa del tedio que siembran los protagonistas de la ceremonia. Y estamos probablemente a un paso de ello: si los representantes no saben gestionar la voluntad explícita de los representados, estos relativizarán el aprecio y el respeto que aquellos merecen… Y no es bueno, evidentemente, que se pierda la auctoritas que deriva del propio proceso democrático, que compendia nuestros grandes valores y se fundamenta en una serie de principios que resumen la idea de civilización.
Estamos, en fin, en puertas de una tediosa sesión de investidura que ya se sabe destinada al fracaso, y que sin embargo debe producirse para que el proceso democrático continúe y comiencen a correr los plazos hacia unas nuevas elecciones, si el buen sentido de los implicados no consigue evitarlo. Como es conocido, Ciudadanos y el PP han firmado un extenso pacto -“150 compromisos para mejorar España”- que no es propiamente un pacto de gobierno sino una especie de trágala por el que ha debido pasar el PP para conseguir el voto favorable de los 32 diputados de Ciudadanos a la investidura de Rajoy. Los referidos compromisos enmiendan las políticas populares, fuerzan un ejercicio de regeneración y transparencia, y producirían un cierto giro social si llegaran a aplicarse, pero no fuerzan un viraje del PP ni entran en el fondo de su filosofía política.
En realidad, lo que pretende Ciudadanos al brindarse a sostener al PP es aplicar al Estado el modelo que Ignacio Aguado, líder del partido en Madrid, ha aplicado a la Comunidad capitalina: no participa en el Ejecutivo presidido por Cristina Cifuentes aunque apoya sus políticas, matizándolas, pero además toma iniciativas sociales por cuenta propia, que consigue sacar adelante con los apoyos del PSOE y de Podemos.
Con todo, el pacto PP-Ciudadanos, que este partido ha aprobado con dificultad por sus duras manifestaciones iniciales contra Rajoy y contra la corrupción popular, nace en un marco y en un ambiente sombríos porque ya es conocido que no llegará a puerto alguno. El PSOE no dará su brazo a torcer -hacerlo representaría entregar a Podemos no solo la oposición material al centro-derecha sino la legitimidad de la oposición de izquierdas-, y es bien poco probable que el PP pueda conseguir apoyos en otros caladeros, salvo el del diputado de Coalición Canaria. En definitiva, al PP le faltan seis escaños para gobernar, lo que, de no producirse un milagro, impedirá que esta investidura prospere.
¿REFORMA DE LA LEY ELECTORAL?
Si los partidos cambiaran de liderazgo, los pactos y los acercamientos serían mucho más simples
Consumado el fracaso, Rajoy dice estar dispuesto a mantener su candidatura pero parecer ya irremediable que se celebren nuevas elecciones, que el PP, en una humorada macabra, ha situado el día de Navidad. Los plazos legales nos conducen a esa fecha si no se reforma precipitadamente la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, a causa de las demoras introducidas por el PP a la aceptación de las condiciones de Rivera (una semana) y a la celebración de la investidura una vez decidida la presidenta del Congreso a convocarla (otra semana)… Rajoy pensó que ubicar la consulta ese día elevaría la presión sobre el PSOE, pero es probable que haya de tragarse la broma en su demérito… y en su cuenta particular de votos.
En realidad, habría otras posibilidades. De un lado, aún le cabría a Rajoy una remotísima esperanza de que el PNV (cinco escaños) terminara intercambiando su apoyo a Rajoy en una nueva investidura después del 25S (día de las elecciones autonómica vascas) a cambio del apoyo del PP vasco a Urkullu; esta opción tropieza con la incompatibilidad estructural entre el PNV y Ciudadanos, partido que propugna la desaparición del concierto vasco. Faltaría aún un apoyo más, que los oráculos buscan en el caladero del Partido Democrático de Cataluña (ocho escaños), a cambio de no se sabe bien qué concesión inaudita.
De otro lado, siempre cabe la posibilidad de que cambien los actores. Si los partidos cambiaran de liderazgo, los pactos y los acercamientos serían mucho más simples. Pero esta posibilidad, que algunos llaman la ‘solución Iceta’, es de momento como una nube en la imaginación calenturienta de los analistas.