La nueva comisión del Congreso que estudiará la modernización del Estado autonómico arrancará el 10 de enero la ronda de comparecientes recibiendo a los 'padres' vivos de la Constitución -Miquel Roca (Convergència), Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez Llorca (UCD)-, pero ha decidido dejar para el final a los expresidentes del Gobierno.
La Mesa y Portavoces de la citada comisión, que de momento sólo integran el PP, el PSOE, Ciudadanos y el Grupo Mixto, ha fijado este miércoles por unanimidad su plan de trabajo para los próximos seis meses y ha puesto nombre a los comparecientes que desfilarán en enero, una vez que la Mesa del Congreso les haya habilitado para trabajar ese mes, inhábil a efectos parlamentarios.
En concreto, según ha explicado a la salida el presidente de la comisión, el socialista José Enrique Serrano, durante el mes de enero se escuchará el testimonio de cerca de una veintena de personas, comenzando con los muñidores de la Carta Magna de 1978, que acudirán al Congreso el día 10.
Una semana después, en sesión matutina y vespertina, la comisión recibirá al presidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría; al presidente del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales (CEPC), Benigno Blanco; al presidente del Instituto Nacional de Estadística (INE), Gregorio Izquierdo Llanes; y al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), Cristóbal Torres Albero.
ARIAS SALGADO Y JORDI SEVILLA
A la tercera sesión, el 24 de enero, están citados dos expresidentes autonómicos, Ramón Luis Valcárcel (Murcia) del PP, y Jerónimo Saavedra (Canarias), del PSOE, así como los exministros de Administraciones Públicas Rafael Arias Salgado (UCD y PP) y Jordi Sevilla (PSOE).
Por último, el día 31 de ese mismo mes la comisión citará a los historiadores Carmen Iglesias, presidenta de la Real Academia de Historia de España, y José Álvarez Junco; la socióloga y expresidenta del CIS Belén Barreiro; y los también catedráticos Jaime Rodríguez Arana y Francisco Sosa Wagner y Joan Romero.
Todos ellos darán su visión sobre la evaluación global del desarrollo del Estado autonómico, el primero de los puntos sobre los que los grupos comenzarán a trabajar, una fase en la que tienen previsto seguir llamando en los próximos meses a más comparecientes. Así, el 10 o el 11 de enero, la Mesa y Portavoces volverá a reunirse para decidir a quiénes convocarán en febrero.
En este arranque de las comparecencias se ha decidido posponer la llamada a los expresidentes del Gobierno Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, pese a que su presencia en esta nueva comisión era reclamada tanto por el PP, como por el PSOE y Ciudadanos (en el caso del partido naranja no mencionaban a Zapatero).
En la reunión de este miércoles, sólo Ciudadanos ha planteado llamar ya a los expresidentes en este primera fase, si bien tanto el PP como el PSOE consideran que su testimonio debería cerrar los trabajos de la comisión como colofón.
Los cuatro grupos parlamentarios que actualmente componen la comisión han pedido la comparecencia de más de 200 personas y, dado que en principio sólo se dispone de seis meses de mandato, el presidente de la comisión ha pedido a los grupos que vayan seleccionando sus prioridades para los próximos meses. Máxime si, a la vuelta de Navidades, se suman otros grupos como el PNV y Unidos Podemos, que también tendrán que formular sus solicitudes.
POCOS HUECOS PARA EL MUNDO DE LA CULTURA
Una segunda fase de los trabajos de la comisión estaría reservada a que los presidentes autonómicos, representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y del Gobierno español comparezcan para hacer un análisis del Estado autonómico español, comparecencias que podrían programarse a partir del mes de marzo, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
La última fase serviría para entrar en materia sobre aspectos del Estado autonómico que deberían modificarse o corregirse y cómo hacerlo. Aquí entrarían cuestiones planteadas por los grupos como la reforma del Senado, el reparto competencial entre el Estado y las autonomías y sus instrumentos de cooperación.
En esta fase final tendrían cabida comparecencias de expertos y de personas que hayan ejercido cargos públicos en la materia, por lo que, según el plan de trabajo esbozado, la sociedad civil estaría representada en los trabajos de la comisión por los historiadores mencionados, pero no quedaría hueco para citar a personalidades del mundo del periodismo y la cultura, como propone el PSOE.
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