• El consejero delegado de la empresa acaba de anuncia su dimisión
  • A nivel internacional, ha destacado la incertidumbre geopolítica
  • Tras el derribo de un avión ruso de combate por el Ejército turco
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Última jornada bursátil de la semana con Wall Street a medio gas (sólo abre hasta las 19 horas después de permanecer cerrado este jueves) y con los operadores mirando muy distintos focos de atención.

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Sin duda alguna, las tensiones geopolíticas han centrado la semana con el derribo del caza ruso por parte del fuerzas turcas mientras las grandes potencias mundiales se esfuerzan por llegar a un acuerdo para combatir de forma coordinada el terrorismo de origen islámico. En medio de estas tensiones, los datos macro que se han publicado, que han sido muchos, han pasado prácticamente desapercibidos.

Por otro lado, a nivel local, la semana ha estado marcado en España, sin ninguna duda, por la crisis (para muchos anunciada) de Abengoa. La compañía, finalmente, ha anunciado que solicitará preconcurso de acreedores tras la decisión de Gonvarri de no apoyarla económicamente y parece que todo se ha desmoronado. Este viernes está rebotando después de dos sesiones de caídas tremendas y mientras se espera una reacción por parte del Gobierno para salvarla.

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¿QUÉ DICE EL GOBIERNO?

De entrada, parece que el Ejecutivo se muestra reacio a mover ficha en Abengoa

De entrada, parece que el Ejecutivo se muestra reacio a mover ficha en Abengoa. Tal vez el indicador más claro de esto fueron las palabras del ministro de Industria, José Manuel Soria, recordando que los problemas de Abengoa son los problemas de una empresa privada. No en vano, estamos en vísperas de unas elecciones generales y posiblemente el Ejecutivo es muy consciente de que la ciudadanía está cansada de salvar con su dinero empresas privadas después de todo lo que ha ocurrido en torno al sector bancario.

Fuera del Gobierno, ya se han alzado las voces que piden el rescate de una compañía que tiene más de 6.000 empleados en España y 24.000 en todo el mundo. El debate está servido pero lo que parece también bastante claro es que los plazos (ahora hay un periodo de cuatro meses para que la compañía llegue a un acuerdo con los acreedores antes de tener que declararse en concurso de acreedores) es muy posible que se vayan a agotar precisamente porque tomar decisiones tan delicadas antes de unas elecciones no es lo ideal.

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