Peritos del Banco de España confirman al juez que no hubo irregularidades en Banca Cívica ni tratos a favor en la CAN

Los inspectores del Banco de España Dino López y José Luis Albasanz han ratificado este jueves ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco el informe pericial en el que descartan la existencia de irregularidades en la fusión y salida a Bolsa de Banca Cívica, así como tratos a favor a consejeros o familiares suyos en Caja Navarra (CAN), según confirmaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Los peritos, que han comparecido tras la reapertura por tercera vez de la causa en la que se investiga el debut bursátil de Banca Cívica y la presunta despatrimonialización de Caja Navarra, han confirmado el informe complementario que presentaron el pasado julio ante el magistrado.

El informe, que consta de 96 páginas, descarta la comisión de actos ilícitos por parte de Caja Navarra y de las entidades Caja Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos y Cajasol, que acabaron integrándose en Banca Cívica, que fue adquirida por Caixabank por 977 millones de euros en 2012.

En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, los expertos destacan la "robustez" de los mecanismos de control en las finanzas de las cajas objeto de la fusión e indican que el hecho de que no haya habido ajustes significativos en las auditorias de estas entidades ni tampoco en Banca Cívica da una idea de que dichos sistemas de control no tuvieron fallos significativos".

En relación con los créditos concedidos a consejeros y "personas vinculadas" a ellos por parte de Caja Navarra entre 2010 y 2011, los peritos afirman que de la documentación suministrada "no se desprende que haya existido trato de favor en la concesión o en las condiciones económicas de las operaciones de financiación" y ninguna había sido clasificada como "dudosa o morosa".

En cuanto a las operaciones que la entidad efectuó, a través de la Corporación Industrial, con las sociedades del ex director general Enrique Goñi, señalan que a la Fundación Caja Navarra no le consta ninguna y, por tanto, a ellos tampoco sobre la que deban pronunciarse.

Respecto a la ausencia de actas del Consejo de Administración de Caja Navarra relativas a las inversiones en Anca Corporate y Carneus, los peritos consideran "verosímil" que no existan actas dado que la participación en la primera sociedad no alcanzó el millón de euros y la segunda parece que podría hacer referencia "a una marca comercial y no a la razón social".

"Es normal que exista un esquema de delegación de las decisiones en cascada de forma que en el seno del máximo órgano de administración solo se traten de forma individual aquellas inversiones cuantitativa o cualitativamente importantes", indican.

En la causa se investiga al expresidente del Consejo de Administración de Banca Cívica Antonio Pulido y los antiguos consejeros Lázaro Cepas, Marcos Contreras, Álvaro Arvelo, Enrique Goñi, Amancio López, Rafael Cortés, José María Achirica, Pedro Pérez, Jose Maria Leal, José Antonio Asiáin y Miguel Sanz.

CASO ARCHIVADO Y REABIERTO

Velasco reabrió el caso en septiembre a petición de la Fiscalía, que calificó de "prematura" la decisión que había adoptado en agosto, cuando declaró por segunda vez el archivo del proceso entorno a la fusión de Caja Navarra, Caja Canarias, Caja Burgos y Cajasol que derivó en la creación de Banca Cívica, entidad que fue adquirida por CaixaBank por 977 millones de euros en marzo de 2012.

El magistrado argumentó entonces que la constitución de Banca Cívica fue una operación "fundamentalmente sólida y razonablemente viable" y añadió que la solvencia de la entidad gozó de un "respaldo contable, superando en algunos momentos la exigida oficialmente y cumpliendo con la muy oscilante y precipitada legalidad bancaria nacional y comunitaria".

En noviembre de 2014, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal estimó los recursos presentados por la Fiscalía y Unión, Progreso y Democracia (UPyD) y le ordenó reabrir la causa seguida contra los antiguos gestores de Banca Cívica, al considerar que la instrucción se encontraba "inconclusa" y que los peritos del Banco de España carecían de la documentación necesaria para efectuar un análisis completo.

Unos meses antes, Velasco había decretado por primera vez el sobreseimiento provisional del caso, que asumió en marzo de 2013 tras admitir una querella de UPyD contra el anterior equipo directivo por posibles delitos de falseamiento contable, administración fraudulenta, publicidad falsaria en valores negociables en mercados de valores, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

Según los denunciantes, a quienes se unió la acusación ejercida por la asociación de consumidores Kontuz, el proceso de fusión podría haberse realizado con el objeto de crear la apariencia de una mayor solvencia de las entidades que se integraron en Banca Cívica con una reducción de fondos propios de 2.318 millones de euros y de reservas de 2.141 millones de euros al sacarla a Bolsa en julio de 2011, "con el correspondiente quebranto patrimonial".