MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El magistrado que instruye en el Tribunal Supremo el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, Alberto Jorge Barreiro, ha citado hoy a los catedráticos Juan Zornoza Pérez y Miguel Ángel Lago, autores del informe pericial de parte presentado por el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán para contradecir el de la intervención General del Estado (IGAE) que califica de irregular el instrumento presupuestario que se utilizó durante diez años para financiar estas ayudas.

La ratificación de este informe por parte de sus autores es una prueba solicitada por parte de la defensa de Griñán, que ejerce el letrado José María Mohedano, con el objetivo de que el instructor de la parte del caso que afecta a los aforados puedan ofrecer una versión "completa y no sesgada de la realidad de lo sucedido" que contradiga las acusaciones vertidas por la juez del caso en Sevilla, Mercedes Alaya.

En dicho informe, los dos catedráticos en Derecho Financiero consideran ajustados a derecho los procedimientos seguidos para la autorización, ejecución y control de los gastos financiados con cargo al programa de ayudas laborales, en concreto el uso de las denominadas transferencias de financiación aplicadas a las ayudas socio-laborales.

Este informe obra en poder del instructor desde el 26 de enero de 2015 y hasta el momento no había sido sometido a ratificación oral ante el instructor en presencia de las partes.

SE DEBATIÓ EN SEVILLA

El letrado defensor señalaba en el escrito en el que solicitaba la práctica de esta prueba al Tribunal Supremo que Griñán ha resultado lesionado por la forma en que se han gestionado las pruebas periciales en la causa que instruye la juez de Instrucción número 6 de Sevilla.

Para esta parte se ha vulnerado el derecho a la contradicción, ya que se ha permitido que el Informe pericial presentado por la defensa sea debatido en otra diferente -el juzgado de Alaya- sin la presencia de la representación legal de la parte que lo presentó.

Añadía que una vez que ha sido incorporado a la causa el informe de los peritos de la IGAE, ya ratificado y cuyas conclusiones perjudican a su cliente -califica de irregular el sistema de concesión de ayudas socio-laborales sometido a investigación-, debía acordarse la misma diligencia de ratificación y contradicción en relación con el informe de Zornoza y Martínez, que le exculpan.

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