Avisa de que su decisión no afecta a eventuales actos ejecutivos o de desarrollo del denominado "proceso de desconexión"
MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
La Audiencia Nacional ha archivado las denuncias que la Fiscalía presentó contra los Ayuntamientos de Sant Cugat del Vallés y Premiá de Dalt, en la provincia de Barcelona, al considerar que sus mociones de apoyo a la resolución independentista del Parlamento de Cataluña no constituyen delitos de sedición ni rebelión, si bien precisa que su decisión no afecta a futuros actos que puedan ejecutarse dentro del denominado "proceso de desconexión".
La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha desestimado en sendos autos los recursos interpuestos por el Ministerio Público contra los autos de archivo decretados por los jueces José de la Mata y Carmen Lamela. El magistrado Antonio Díaz Delgado ha anunciado voto particular discrepante.
Los magistrados Alfonso Guevara y Fermín Echarri, en la línea de lo declarado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al inadmitir varias querellas contra diputados de la Cámara autonómica, argumentan que los delitos de sedición y rebeldía requieren actos "concretos" incitando a la ciudadanía a cometerlos para conseguir "por la fuerza" la derogación de la Constitución o la independencia de Cataluña.
A pesar de que los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia no les vinculan, los magistrados de la Audiencia Nacional sostienen que en el momento presente no se puede atribuir a los concejales de los citados consistorios ningún acto concreto para perpetrar tales delitos.
En este sentido, recuerdan que las mociones fueron aprobadas antes de que el Tribunal Constitucional anulara la resolución del Parlament, "sin que, tras ello, conste que el ente hubiera seguido insistiendo de una manera contumaz en sus planteamientos".
Eso sí, advierten de que su decisión "en absoluto afecta a futuras conductas constitutivas de actos ejecutivos o de desarrollo que pudieran llevarse a cabo dentro de la dinámica emprendida de lo que se ha venido a denominar el 'proceso de desconexión', con el propósito de generar una situación o contexto de incumplimiento generalizado de la legalidad constitucional que permita la consecución de la independencia al margen de las vías legales de esa parte del territorio nacional".
ASOCIACIONES "IMPULSORAS"
En ese contexto, añaden, es donde deberían llevarse a cabo las investigaciones penales, sin dejar al margen a las asociaciones o asambleas que "al parecer son las impulsoras y promotoras de las citadas mociones, que fueron más allá de una finalidad clara de implantación de un Estado propio al margen de la legalidad constitucional y ordinaria".
Precisamente, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha requerido a la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra que le informen sobre los estatutos, financiación y actividades desarrolladas por la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y otras asociaciones de Cataluña para esclarecer si han sido las "impulsoras y promotoras" de la tramitación de las mociones de apoyo a la resolución independentista del 'Parlament'.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió investigar a los ayuntamientos de Girona, Celrá (en esta misma provincia), La Seu d'Urgell (Lleida), e Igualada y Sant Cugat del Vallés (Barcelona) por su apoyo a la resolución de JxSí y la CUP y amplió posteriormente su denuncia a otros consistorios.