La Casa Blanca quiere poder realizar más deportaciones rápidas

En concreto, la propuesta que tiene el gobierno de EEUU entre manos permitiría al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) deportar sin pasar por un tribunal a todos los indocumentados detenidos en cualquier punto del país y que no puedan estar más de 90 días en él, tal y como explica el periódico citando a un memorando interno de 13 páginas de la Casa Blanca.

Las deportaciones "rápidas" o "expeditas" afectan solo a los indocumentados detenidos a menos de unos 160 kilómetros de las fronteras y que llevan menos de dos semanas en el país

En la actualidad, las deportaciones llamadas rápidas o expeditas, aquellas que no requieren una audiencia judicial, afectan solo a los indocumentados detenidos a menos de 100 millas (unos 160 kilómetros) de las fronteras y que llevan menos de dos semanas en el país.

Por tanto, el cambio que se está planeando en estos trámites y que no precisa de la aprobación del Congreso estadounidense, permitiría al Gobierno de Donald Trump acelerar las deportaciones en consonancia con sus propuestas electorales de endurecer la política migratoria.

"Los posibles cambios permitirían al DHS utilizar de forma más eficiente los recursos para expulsar a las personas que han estado ilegalmente en el país durante períodos de tiempo relativamente cortos mientras se cumplen los requisitos del debido proceso", ha dicho al The Washington Post una portavoz del departamento, Joanne F. Talbot.

Asimismo, la Casa Blanca, en su propuesta para los presupuestos de 2018, contempla la contratación de 1.000 agentes migratorios para incrementar las detenciones y posteriores deportaciones. Cabe recordar además que, en 1996, el Congreso aprobó las deportaciones "rápidas" para todos los indocumentados que llevasen menos de dos años en el país, pero en 2004, bajo la Presidencia de George W. Bush, se suavizaron los requisitos, que son los que siguen vigentes hoy en día.

Sin embargo, las deportaciones "rápidas" en Estados Unidos han crecido desde unas 50.000 en 2004 a 193.000 en 2013, cuando representaron casi la mitad de todas las expulsiones de indocumentados.