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El presidente de Cataluña, Artur Mas, ha tachado hoy de “hostil” la actitud del Gobierno de Mariano Rajoy al recurrir la consulta del 9N y la ley en la que se ampara. Asimismo, ha criticado que el presidente del Tribunal Constitucional (TC) reúna al organismo judicial a una “velocidad supersónica” para frenar tanto la Ley de Consultas como el Decreto de Convocatoria.

Mas ha hecho estas apreciaciones durante la presentación en la Generalitat de los trabajos del Consell de la Transició Nacional (CATN), cuyos informes se han reunido en el 'Libro Blanco de la Transición Nacional de Cataluña'. "Les da miedo la respuesta, cuando lo que debería darles miedo es que no pueda haber respuesta", ha zanjado en una intervención que ha arrancado con el agradecimiento a los miembros del CATN de su trabajo.

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Artur Mas ha señalado que en un Estado de “convicción democrática plena” ahora ya se estaría debatiendo entre si hay que votar ‘sí’ o ‘no’ en la votación. Para el presidente catalán, no se trata de un “referéndum encubierto”, como lo considera el Gobierno central, al que acusa de “no preguntar ni dejar preguntar”.

Respecto al Constitucional, le insta a ser una corte “de todos” y no únicamente de una parte para ejercer correctamente el papel de árbitro que le da la ley. Tras defender el principio de separación de poderes, ha advertido de que el TC rechaza la votación con los mismos argumentos que esgrime el Ejecutivo, estaría asumiendo la tesis “de una parte interesada”, un comportamiento que no debería ser propio de un órgano judicial.

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TRASCENDENCIA CONSTITUCIONAL Y POLÍTICA

El Pleno del Tribunal Constitucional ha emitido un comunicado tras admitir a trámite los recursos del Gobierno central contra el decreto de convocatoria del 9N y la ley catalana de consultas en el que explica que su decisión se ha producido siete horas después de presentarse las impugnaciones debido a “la trascendencia constitucional y política de las cuestiones planteadas”.

En la nota, recogida por Europa Press, el Pleno agrega que entiende esta importancia “para la sociedad española en su conjunto y, en particular, para la catalana”. Asimismo, subraya que la impugnación del Ejecutivo “produce la suspensión de la disposición recurrida” y que el órgano judicial ha acordado dicha suspensión “tanto de los preceptos recurridos de la ley como del decreto impugnado”.

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