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Los abogados de la infanta Cristina han acusado de “corruptela” al juez Castro por las cantidades exigidas en concepto de fianza, las cuales consideran “desproporcionadas”, según publica El Mundo.

Los letrados Miquel Roca y Jesús-María Silva han presentado un recurso en el que lamentan que el auto de apertura del juicio oral “no podían incluir las medidas cautelares solicitadas para los procesados, como la imposición de una fianza según lo reclamado por la acusación popular Manos Limpias”. Los abogados de la Infanta piensan que estas medidas son “recurribles”, pero la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que no se puede apelar el auto de apertura de un juicio.

Por esta medida, el escrito elaborado por los letrados alega que el juez comete “una corruptela de la interpretación del ordenamiento jurídico” por aprovecharse de “la imposibilidad de recurrirlo”.

CASTRO DEBE PRONUNCIARSE

El juez Castro debe decidir si se admite el recurso a trámite, tras lo cual la Audiencia de Baleares deberá pronunciarse ante los argumentos de los abogados.

La intención de Castro es la imposición de la perniciosa 'pena de banquillo'

Según los letrados, la intención de Castro es “la imposición de la perniciosa 'pena de banquillo' que conlleva en todo caso al Auto de apertura del juicio oral contra cualquier persona, pero que afecta de modo muy desigual a los acusados y que en el caso de mi defendida como es público y notorio, probablemente tiene unos efectos inigualables en el ámbito nacional”.

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LA ACUSACIÓN DE MANOS LIMPIAS

En el recurso emitido, los abogados también afirman que Manos Limpias no está en disposición de acusar a nadie por un delito contra la Hacienda Pública cuando la acusación particular y la Fiscalía no lo hacen.

Para ello, exponen precedentes con resoluciones del Tribunal Supremo y tres audiencias provinciales. Uno de ellos es un auto de la Audiencia de Baleares en el que el tribunal indicó que “tal vez la acusación popular no podría sostener en solitario la acción por delitos contra la Hacienda Pública al ser la Agencia Tributaria la perjudicada”.

Por último, también se destaca la “absolutamente injustificada” cantidad de la fianza, que asciende a 2.697.150 euros. Indican que esta es “desproporcionada” e “inmotivada” y consideran que no se le debería pedir ninguna fianza a la Infanta por que la acusación de Manos Limpias podría ser insostenible.

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