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Pescanova.EUROPA PRESS
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La 'vieja' Pescanova sigue cayendo. El grupo se ha desplomado este lunes un 20,3% y extiende así su caída iniciadas el viernes, tras conocerse la sentencia de la Audiencia Nacional el jueves, al cierre del mercado. Una decisión judicial que podría imponer al grupo el pago de 900 millones de euros en concepto de fianzas.

Pescanova, que acumula una caída del 28% desde el viernes, informó el pasado jueves de que las fianzas impuestas por la Audiencia Nacional por haber maquillado presuntamente las cuentas de la compañía podrían provocar "una situación de insolvencia temporal”, lo que supondría un “gravísimo e injustificado perjuicio” para los 9.000 accionistas de la compañía.

El grupo se desploma este lunes un 20% extendiendo así su caída iniciada el viernes

Según un comunicado emitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Pescanova señaló que “como consecuencia de los hechos atribuidos a sus antiguos administradores”, se exige a Pescanova una fianza de 348,2 millones de euros para responder a las multas.

Además, se le reclamaba otras fianzas por importe de 602,9 millones de euros conjuntamente o subsidiariamente con otros acusados para garantizar la responsabilidad civil consecuencia de estos actos.

Pescanova anunció que presentaría recurso contra el auto que ha dictado el magistrado José de la Mata, “puesto que una eventual ejecución en el patrimonio de la sociedad por estos importes podría provocar una situación de insolvencia temporal”. El grupo critica que los accionistas “perderían de esta manera todo el patrimonio invertido en el capital” de la compañía.

Por último, el grupo defendió que la potencial sanción económica y cualquier posible responsabilidad civil resultante de una hipotética sentencia condenatoria contra Pescanova “estarían afectadas por las consecuencias del proceso concursal” en el que estuvo inmersa la compañía. Por ello, y según los acuerdos de fusión y segregación de 2016, por los que se creó Nueva Pescanova, será esta sociedad la que responderá de las consecuencias económicas de una hipotética sentencia condenatoria.

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