El expresidente de Popular Emilio Saracho rechaza asistir como testigo a las causas que juzguen la ampliación de capital de 2016. El exdirectivo del banco ya ha sido sancionado por ello por un juzgado de primera instancia de Barcelona.
Quien fuera el primer ejecutivo de la entidad ahora propiedad de Santander debía comparecer como testigo el pasado 22 de mayo en un juicio ordinario por orden del Juzgado de Primera Instancia número 27 de Barcelona. Saracho consideraba esta circunstancia “desproporcionada e inútil”, por lo que solicitó al Juzgado testificar por videoconferencia desde una sede judicial de Madrid, ciudad en la que reside actualmente. La jueza desestimó su petición.
La ley de enjuiciamiento civil obliga a los testigos y a los peritos a comparecer en el juicio o la vista para los que sean citados y contempla multas de entre 180 y 600 euros para quien rechace hacerlo. Al no aparecer por el juicio el pasado 22 de mayo, Saracho ha sido sancionado con 500 euros, una cantidad que se encuentra más cerca del máximo que del mínimo contemplado en la ley.
El expresidente de Popular rechaza acudir como testigo a las causas que traten sobre la ampliación de capital lanzada por el banco en 2016, de acuerdo con fuentes cercanas al ex primer ejecutivo de la entidad. Saracho considera que la persona adecuada para ello sería quien ordenó los objetivos comerciales de aquella operación, es decir, el anterior presidente de Popular, Ángel Ron, bajo cuyo mandato se lanzó la ampliación de capital.
Existe, sin embargo, una causa penal dirigida contra él, así como numerosas civiles contra el Frob referidas a la resolución del banco, a las que el expresidente de Popular deberá acudir, si bien estas últimas se encuentran en suspenso hasta que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) se pronuncie.
