Ada Colau llegó al Ayuntamiento de Barcelona en 2015 con la promesa de construir 4.000 pisos sociales. A menos de un año de las elecciones municipales, el equipo de Barcelona en Comú sólo será capaz de entregar 800 de estas viviendas. Una realidad que los promotores de obra privada califican de “fracaso de la política pública” y abroncan a la alcaldesa por querer “cargar sobre los hombros del sector privado la falta de gestión de su administración”.
En estos términos se expresa la Asociación de Promotores de Cataluña (APCE), que critica duramente al equipo municipal que esta semana ha aprobado la modificación del Plan General Metropolitano, por la que pretende reservar un 30% de cualquier obra nueva o rehabilitada a vivienda social. “El Ayuntamiento tiene más suelos que ha sido incapaz de sacar a concurso y pretende ahora que el sector privado responda ante su incapacidad”, enfatiza Marc Torrent, director de esta entidad.
No es una casualidad que el consistorio actualizara sus datos de obra pública a finales de mayo, pocos días antes de que esta medida saliera adelante en la comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad. El concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, explicó que hay 66 edificios en obras, en proyecto o aún sin licitar, que sumarán 4.547 pisos, el 80% de los cuales se destinará a vivienda asequible. Un número que le sirve al consistorio para sacar pecho y asegurar que ha cumplido con su compromiso, que era iniciar las obras y no acabarlas.
"Estamos utilizando todas las estrategias posibles, construir vivienda pública pero también como lo hacen en Francia y en otros países corresponsabilizando a las promotoras para contribuir a la vivienda asequible", se defendía por su parte, Colau, en declaraciones a los medios.
“Destinando el 30% de las obra nueva en Barcelona a pisos sociales, el gobierno local busca poner un parche y generar impacto mediático para tapar sus vergüenzas”, expresa un promotor privado a ‘bolsamanía’ que ha preferido mantenerse en el anonimato. "La alcaldesa ha recibido presiones de la Plataforma de los Afectados por al Hipoteca (PAH) y otras entidades, que la han acusado de arrugarse en sus políticas de vivienda", asegura.
“La medida no se tramitará o se modificará antes de tramitarse”, prosigue el mismo constructor barcelonés. Lo cierto es que el trámite superado esta semana sólo es el primero. En los próximos meses deberá votarse en el pleno antes de recalar en la subcomisión de Urbanismo conjunta de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.
Los promotores avisan que habrá consecuencias: no se sacarán adelante las rehabilitaciones de edificios
SIN MORATORIA DE LICENCIAS
Por el momento, los promotores han tomado como una pequeña victoria que no haya moratoria de licencias. La modificación no se comenzará a aplicar hasta su aprobación definitiva, que se prevé en septiembre, lo que llevará a los operadores a una actividad frenética en los menos de tres meses que faltan para ese momento. El objetivo será agilizar todos los trámites para conseguir una licencia según la legalidad vigente.
Este factor “ha aportado tranquilidad al sector”, señala Torrent, que en pocos días ha pasado de la “sorpresa” por enterarse de la medida municipal por la prensa, al “enfado” por la parálisis a la que el equipo de Colau abocaba a los constructores hasta, finalmente, el “alivio”, tras conocer que no se producirá el temido 'frenazo'.
Con todo, la entidad sigue muy molesta con el Gobierno local por no haber contado con ellos a la hora de encarar esta reforma legal. Junto al Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas han afeado al consistorio la unilateralidad con la que ha elaborado esta modificación y los juristas de la APCE siguen esperando ver el redactado del documento para estudiar acciones legales.
NO HABRÁ REHABILITACIONES
Si bien hay menos nervios después de que haya trascendido que sólo las obras que se inicien tras la remodelación del Plan General Metropolitano deberán reservar el 30% de la vivienda, avisan que habrá consecuencias. No tanto sobre los precios, como se había alertado inicialmente si se congelaban las licencias, sino sobre las rehabilitaciones de edificios, un mercado que ha ido al alza en la capital catalana en los dos últimos años.
Se estima que en la ciudad hay más de 80.000 pisos que datan de antes del siglo XX. Ciutat Vella, el distrito más antiguo de la ciudad, cuenta con un 40% de edificios levantados antes del año 1.900. Distritos como Eixample, Gràcia y Sants Montjuïc también se caracterizan por un parque arquitectónico envejecido. El consistorio considerará estas operaciones gran reforma y, por tanto, deberá contar con un porcentaje obligatorio de vivienda social en aquellos inmuebles que tengan más de 600 metros cuadrados de techo urbanístico.
“Este tipo de operaciones son muy costosas y, si además se tiene que destinar un porcentaje de las viviendas a fines sociales, lo más probable es que no se hagan”, lamenta Torrent.
