• Las multas a la banca tendrán repercusiones para los futuros compradores de pisos mediante hipotecas
  • Las empresas constructoras pueden perder grandes contratos de obras urbanísticas
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El mercado de valores español esta viviendo dos jornadas de fuertes pérdidas después del resultado de las elecciones municipales y autonómicas en España que han supuesto un duro revés al Partido Popular. Los mercados han interpretado el auge de Podemos y las amplias posibilidades que tiene de forjar coaliciones con el PSOE en varias comunidades, como la antesala del escenario político que se dibujará en España tras las elecciones generales de finales de año.

En estos términos se expresan los expertos de Société Générale: “Simplemente extrapolando estos resultados a los de las elecciones generales de noviembre de 2015, se ve que una alianza PSOE + Podemos podría reemplazar al actual Gobierno en Madrid”.

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Desde Merrill Lynch Bank of America se valora este hipotético cambio de Gobierno como un riesgo para la recuperación de la economía española en general: “Cada vez está más claro que será difícil formar un Gobierno fuerte con la capacidad de cumplir con los ajustes fiscales y las reformas estructurales todavía pendientes después de las elecciones de noviembre”, expresan estos expertos en un informe recogido por VozPópuli.

Pero en el corto plazo, analistas y expertos de todo el mundo han señalado los sectores de las constructoras, las empresas de energía y los bancos como los de más riesgo. El motivo es que muchas de las medidas propuestas en el programa de Podemos, que se podrían implementar en las ciudades de Madrid y Barcelona, sitúan a las empresas de estos sectores en el punto de mira de la formación con medidas como tasas a las eléctricas, multas a los bancos o paralizar obras públicas.

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PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD EN LAS ENERGÉTICAS

Para Société Générale, “el cambio de signo político es negativo para todo el sector energético”. Por un lado, de trasladarse este viraje hacia la izquierda a todo el Estado, “si se abandonan las reformas del mercado laboral podría decrecer la competitividad de las industrias españolas y el PIB podría crecer menos de lo previsto”. “Esto sería negativo para el país y mas específicamente para la demanda de electricidad y gas y, de paso, para los precios del suministro eléctrico”, aclaran.

Por otra parte, también señalan el riesgo que entraña un aumento del gasto social que “podría llevar al país a un mayor déficit fiscal que supondría, de nuevo, una ‘mordida’ al PIB".

Estos son riesgos de cara al futuro, en el que se están concentrando las empresas energéticas, explican expertos consultados: en un escenario post elecciones generales en el que se formara un gobierno centrado en las medidas sociales y contrario a la austeridad. Pero volviendo al presente y sin abandonar la materia energética, los programas de Ahora Madrid y BComú, candidaturas que tienen grandes probabilidades de acceder a las alcaldías de Madrid y Barcelona, incluyen diversos puntos que pretenden fomentar la energía sostenible, promover las energías renovables o eliminar la pobreza energética.

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Además, cuentan con propuestas de tributos especiales para estas empresas que quieren imponer en ambas ciudades. Manuela Carmena (Ahora Madrid) pide para la ciudad “exigir al Estado la devolución de las competencia sobre ciertos impuestos (empresas de telecomunicaciones, eléctricas y otras)”, según refleja El periódico de la energía. Asimismo, quiere establecer “la racionalidad impositiva en las redes de suministro y ajustar las tasas por el uso, ampliación e implantación de estas redes en espacio público”.

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A nivel municipal se espera que el impacto de estas medidas sobre las energéticas sea casi nulo

Ada Colau, desde BComú, propone medidas tarifarías y de tributos mucho más concretas para Barcelona, que cuenta con más competencias transferidas que la capital española. Para empezar, quiere hacer una auditoría de los costes de los servicios energéticos, introducir tarifas de agua más justas e “imponer a las compañías eléctricas tasas por la ocupación del espacio público”. Sin embargo, a nivel municipal se espera que el impacto de estas medidas sea casi nulo, explica Cinco Días, ya que más allá de estas propuestas los ayuntamientos no pueden regular.

El peligro real estaría en las comunidades ya que algunas autonomías tiene transferidas las competencias referidas a la seguridad del suministro o a materia de impuestos. Per el medio económico también resta importancia a estas medidas ya que “los ingresos por tributos autonómicos energéticos o medioambientales (sobre redes o generación nuclear), acaba quedándosela el Ministerio de Hacienda a cambio de compensar a la comunidad correspondiente los mismos ingresos vía Presupuestos”, explica el rotativo.

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LOS BANCOS Y SUS MEDIDAS PREVENTIVAS

En cuanto a la banca, propuestas como confiscar los pisos vacíos que son propiedad de los bancos o multar a las entidades tendrán un escaso impacto directo en las mismas. De hecho, ya hay tres ayuntamientos catalanes que penalizan económicamente a las bancos con pisos deshabitados: Santa Coloma de Gramenet, Terrassa y Gerona, sin mayor trascendencia hasta la fecha.

Tal y como explica Primo González en el blog Retablos Financieros “el impacto indirecto sería muy lesivo para los intereses de los futuros compradores de viviendas mediante hipotecas, ya que el sector financiero reforzaría sus cautelas y sus garantías para recuperar el dinero prestado en caso de impago de hipotecas”.

“El mercado de la vivienda parecía recuperarse en los últimos meses, entre otras cosas porque los bancos empezaban de nuevo a prestar dinero en hipotecas”, señala este experto. “Ahora, un golpe a la seguridad jurídica de la actividad hipotecaria e inmobiliaria podría dañar de forma considerable el desenvolvimiento de la actividad constructora”.

El impacto de las medidas sobre la banca será negativo para los intereses de los futuros compradores de viviendas mediante hipotecas

LAS CONSTRUCTORAS, LAS MÁS PERJUDICADAS DIRECTAMENTE

El capítulo de obras públicas y concesiones merece un punto y aparte. Los ayuntamientos sí tienen potestad directa de parar y revisar estos contratos, explican fuentes jurídicas consultadas por Bolsamanía, y son varias grandes construcciones que peligran tanto en Madrid como en Barcelona. De hecho, el presidente del colectivo de constructoras medianas de obra civil, Anci, Jaime Lamo de Espinosa, ha valorado para Cinco Días la nueva situación de este “escenario nuevo y heterogéneo” que puede surgir del nuevo escenario de “pactos” que “puede no garantizar la continuidad de proyectos de inversión en curso o en estudio”.

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En Madrid. Primo González menciona la operación urbanística de la calle Canalejas, en el centro de la capital, a cargo del grupo OHL o el gran proyecto conocido como la Operación Chamartín (Distrito Castellana Norte), en el que se encuentran involucrados BBVA y Adif.

En Barcelona, Ada Colau se ha comprometido a revisar la ampliación de dos de los centros comerciales de la ciudad, La Maquinista y Heron City, pero la obra pública que tiene mayores peligros es la concesión de la marina del Port Vell, el embarcadero de lujo del puerto y que ha generado gran polémica ya que se ha acusado al ayuntamiento de opacidad.

En cualquier caso, poco o nada podrán hacer las fuerzas emergentes ante contratos que ya estén concedidos, ya que son compromisos económicos que deberán asumir, tal es el caso de la veintena de concesiones que el alcalde saliente de la ciudad de Barcelona, Xavier Trias, ha firmado in extremis con compañías como La Caixa, el BBVA, FCC, el torneo de tenis Comte de Godó, la escuela de negocios ESADE o una empresa de limpieza de Florentino Pérez, Clece SA.

De hecho la misma Colau le lanzó el reproche a Trias de la firma de estos “contratos exprés”, que según El Crític abarcan varios años, en algunos casos hasta el 2023. Son el patrocinio del Comte de Godó durante cuatro años, el mantenimiento del alcantarillado de la ciudad a FCC de Carlos Slim por 100 millones de euros por ocho años o el renting de vehículos con la Guardia Urbana hasta el 2019 con BBVA.

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