El Tribunal Supremo ha avalado un requerimiento de la Agencia Tributaria a El Corte Inglés para que identifique a los titulares de su tarjeta de compra que hubiesen realizado pagos a través de las mismas por importe total anual igual o superior a 30.000 euros al año.
En concreto, la orden de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), el cuerpo de élite de la Agencia Tributaria, que ahora ha recibido el visto bueno del Supremo fue emitida en 2008 y afecta a los datos de los ejercicios fiscales 2006 y 2007.
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Existe un deber general de información y colaboración con la Administración tributaria "que tiene sustento constitucional"
La sentencia del Supremo confirma la resolución dictada en el caso por la Audiencia Nacional en julio de 2012, según ha informado este martes el Alto Tribunal. Así, según recogen distintas agencias, la sala III del Supremo aplica al caso la misma doctrina de su sentencia del pasado 15 de diciembre relativa a un requerimiento similar sobre las tarjetas 4B.
En la sentencia destacan que existe un deber general de información y colaboración con la Administración tributaria "que tiene sustento constitucional, que está legalmente regulado y que debe ser interpretado y aplicado respetando otros valores y principios constitucionales", con permanente presencia del principio de proporcionalidad. "Pero sin que ello suponga mantener un criterio restrictivo y estricto que excluya de la información tributaria debida los datos que, teniendo trascendencia tributaria, procedan de relaciones que afectan sólo indirectamente a los obligados tributarios", señala la sentencia del Supremo.
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