MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a Wizz Air ante las autoridades de consumo "por hacer negocio de manera fraudulenta" con la atención a las consultas y reclamaciones de pasajeros al remitir a los usuarios a una línea de tarifación adicional (prefijo 807).
La compañía utiliza la línea 807 403 359 de tarificación adicional, con un coste para los usuarios de 1,21 euros por minuto si llaman desde un fijo y de 1,57 euros por minuto desde un móvil, según denuncia Facua en un comunicado.
La Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios establece en su artículo 21 que los teléfonos de atención al cliente no podrán suponer "un coste superior a la tarifa básica". "Se entiende por tarifa básica el coste ordinario de la llamada de que se trate, siempre que no incorpore un importe adicional en beneficio del empresario", según recoge.
La aerolínea húngara restringe además su teléfono con prefijo geográfico, --un 93 de Barcelona--, a conservaciones en catalán. Además, advierte de que no tramita reclamaciones por escrito en ninguna lengua oficial del Estado, remitiendo al uso de otros diez idiomas.
El Código de Consumo catalán, recuerda Facua, prohíbe expresamente en su art. 221-4 los números de tarificación adicional como "teléfonos de atención al cliente". La norma catalana también deja claro que para la atención a los usuarios se debe disponer de un servicio telefónico gratuito y que los usuarios tienen derecho a ser atendidos en cualquiera de las lenguas oficiales en Cataluña.
Por todo ello, Facua ha remitido una denuncia a la Agencia Catalana de Consumo, ya que la aerolínea húngara tiene su sede en Barcelona, en el aeropuerto de El Prat, y a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan), para que coordine actuaciones entre las autoridades autonómicas.
Facua recuerda a los usuarios que se hayan visto obligados a llamar que pueden exigir la devolución del importe y plantear una reclamación a su compañía de telecomunicaciones y, si no se anula el cargo, denunciar ante la autoridad de consumo de su comunidad autónoma.