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Repsol celebrará este jueves la reunión mensual de su consejo de administración y su junta general de accionistas anual, marcadas en esta ocasión por la reelección de Antonio Brufau como presidente de la compañía y por el reforzamiento de las funciones del consejero delegado, Josu Jon Imaz.

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La jornada comenzará con la reunión del consejo, en la que se dará previsiblemente por concluido el proceso de delegación de funciones ya iniciado hace un año. Brufau trasladará la responsabilidad sobre el área financiera a Jon Imaz, quien asumirá todas las funciones ejecutivas.

Este traspaso "planificado, ordenado y en línea con las mejores prácticas del entorno", según la propia petrolera, cerrará una etapa de transición y afinará el reparto de tareas de la alta dirección de Repsol de cara a los retos futuros, entre ellos la integración de Talisman Energy y el efecto de los bajos precios del petróleo para el conjunto de la industria.

Brufau seguirá al frente de la Fundación Repsol, de la dirección de Comunicación y Presidencia, y de la actividad jurídica, al tiempo que Jon Imaz sumará el departamento financiero dirigido por Miguel Martínez a sus responsabilidad sobre las grandes direcciones generales del negocio.

Tras el consejo de administración se celebrará la junta anual de accionistas, en la que, aparte de la renovación de Brufau y la ratificación de Jon Imaz como consejeros, se abordará la reelección de los vocales Luis Carlos Croissier, Angel Durández, Mario Fernández, José Manuel Loureda y John Robinson West.

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En el orden del día también figuran la propuesta de un dividendo, bajo la fórmula del 'scrip dividend', equivalente a 0,50 euros brutos por acción. Este dividendo flexible sustituirá al que habría sido el complementario con cargo al ejercicio 2014 y situará en torno a un euro la retribución anual.

La junta de accionistas se pronunciará además acerca de la modificación de ocho artículos de los estatutos sociales relativos a la asamblea general, además de otros diez relacionados con el consejo de administración.

BLINDAJE 'ANTI PEMEX'

Entre estos cambios figura la retirada del blindaje estatutario aprobado hace un año en el que se elevaba al 75% el apoyo necesario del accionariado para una eventual escisión de las actividades de 'upstream' y 'downstream'.

Este blindaje, aprobado en la junta de accionistas del año pasado, fue considerado un movimiento para impedir que la petrolera mexicana Pemex, que por entonces tenía un 9,3% del capital y que ahora ha dejado de ser accionista significativo, pudiera promover una escisión de la compañía española.

Repsol ha decidido ahora retirar estas cautelas porque quedan "absorbidas por otras rúbricas más genéricas", ya que la nueva ley "ha introducido una disciplina más severa en los conflictos de interés". Por este motivo, "no parece necesario" mantener este tipo de exigencias de mayoría, que podrían restar flexibilidad a la compañía.

Conforme a la nueva legislación, las decisiones sobre posibles escisiones de activos que supongan más del 25% de la compañía requieren la convocatoria de junta de accionistas, al tiempo que al votarse las mismas no podrán participar los accionistas que puedan incurrir en conflicto de interés.

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