MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
La concesionaria de línea de Cercanías Móstoles-Navalcarnero, empresa de OHL, elevará al Tribunal Supremo el contencioso que mantiene desde hace años con la Comunidad de Madrid respecto a la quiebra de esta infraestructura, que no se ha llegado siquiera a construir.
Así lo indicó la compañía tras conocerse la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que rechaza la petición de resolución del contrato de construcción y explotación de la prolongación de esta red ferroviaria desde Móstoles a la localidad de Navalcarnero solicitada por la compañía del grupo Villar Mir.
En su fallo, la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal madrileño confirma la orden de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid por la que desestima la pretensión de OHL de resolver este contrato por causas imputables a la administración, al entender que no aportó cantidades relevantes para su desarrollo.
Las obras de esta infraestructura, que OHL se adjudicó en 2007, están paralizadas desde el año 2010. La sociedad concesionaria a través de la que OHL canalizó el proyecto de construcción y explotación está en concurso de acreedores desde julio de 2017. Dos años antes, la empresa ya había pedido al Gobierno de Madrid resolver el concurso.
RECLAMACIÓN DE 370 MILLONES.
La setencia del Tribunal Superior no se pronuncia sobre el recurso por daños y perjuicios ocasionados por el contrato que OHL impusó a la Comunidad de Madrid el pasado año, en la que le reclamaba 370 millones de euros.
Por su parte, el Alto Tribunal de Madrid considera que no está justificada la reclamación al Ayuntamiento de Móstoles de los 50 millones de euros a los que se había comprometido la Corporación a cambio de las obras de soterramiento de las vías y prolongación del ferrocarril por parte de la empresa concesionaria, ya que las citadas obras no se llevaron a cabo en el plazo de cuatro años desde la firma del convenio de colaboración.
La sentencia aclara en este sentido que resulta "impensable considerar que el Ayuntamiento de Móstoles venía obligado a aportar la nada considerable cantidad de 50 millones de euros a fondo perdido sin contraprestación alguna por parte del concesionario".
En la misma línea, los jueces desestiman las otras dos alegaciones presentadas por la concesionaria, la existencia de un desistimiento tácito de la Comunidad de Madrid a la ejecución del contrato y la existencia de modificaciones al proyecto que incrementaron en más del 20 por ciento el coste inicial del contrato, lo que supone una modificación sustancial del mismo.