- El gasto sigue creciendo a pesar del recorte paulatino en el poder adquisitivo de las pensiones públicas desde 2017
- Una vez que se han escuchado todas las ponencias, la comisión debe elaborar un informe que se elevará al Parlamento tras el trabajo del Ministerio
El tiempo apremia con las pensiones. El recorte del poder adquisitivo de los pensionistas no ha detenido la hemorragia de la Seguridad Social, que este año necesita un préstamo de 10.192 millones de euros para cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, el calendario político se ha impuesto a la lógica económica, lo que deriva en un nuevo retraso antes de tomar ninguna medida.
La nueva legislatura, que echó a andar con la investidura de Mariano Rajoy en octubre, tiene uno de sus principales desafíos -y batalla- en la financiación de las pensiones públicas. La negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) centra el debate político a corto plazo. Pero de forma paralela transcurre la reforma del sistema público de pensiones. Y también como parte de ellos, ya que el desembolso destinado a este fin es de 139.647 millones de euros, un 3,1% más que el año anterior y el 40% del total.
El desembolso destinado a pensiones en los presupuestos propuestos para 2017 es de 139.647 millones de euros, un 3,1% más que el año anterior y el 40% del total
El gasto sigue aumentando mientras que los pensionistas perderán poder adquisitivo en 2017, debido al retorno de la inflación frente a la revalorización de sus ‘nóminas’ en un 0,25%. En este contexto, los partidos han chocado en la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, presidida por la diputada popular Celia Villalobos.
El PP ha defendido su última reforma, que se produjo dos años después de la que realizó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2011, retrasando progresivamente la edad de jubilación. En la de 2013 se desvinculó la actualización de las pensiones del IPC. Según estudios del Banco de España, Fedea o Inverco, la nómina de los pensionistas estará casi congelada hasta al menos 2060 con un crecimiento anual del 0,25%.
Esta medida, que el Gobierno aprobó con mayoría absoluta, supone el principal choque con la oposición a la hora de emitir conclusiones comunes sobre una reforma para garantizar la sostenibilidad de las pensiones en el marco del Pacto de Toledo. “Nuestra posición es que los pensionistas recuperen el poder adquisitivo que están perdiendo. Llámalo derogar la ley (de 2013) o modificarla para volver a vincular las pensiones a la inflación”, explica a ‘Bolsamanía’ la diputada Mercè Perea, portavoz del PSOE en la Comisión del Pacto de Toledo. Ciudadanos y Podemos también abogan por evitar un deterioro del bolsillo de los pensionistas con medidas paralelas para acotar gasto o aumentar los ingresos.
LA POLÍTICA SE IMPONE A LA ECONOMÍA
El objetivo de la comisión, que tiene carácter no permanente, es elaborar un informe con conclusiones comunes que, una vez que se vote en el propio Pacto de Toledo, se eleve al Parlamento a través del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Si el Congreso da el visto bueno, el ministerio de Fátima Báñez tendrá la misión de implementar la reforma. Para ello los diputados miembros están debatiendo las recomendaciones de los expertos que han pasado por la comisión en los últimos meses, evaluarán las medidas tomadas estos años, los avances producidos y los retos. “La magnitud del sistema de pensiones merece un renovado acuerdo del Pacto de Toledo”, aseguró al respecto el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, en su comparecencia en el Congreso.
Este mecanismo impone un consenso que se ha vuelto más complicado con la mayor fragmentación del Parlamento. “En el pasado las reformas han contado con consensos amplios”, recuerda Diego Valero, profesor de la Universitat de Barcelona y presidente de Novaster. Sin embargo, no es la irrupción de partidos nuevos la que amenaza con retrasar el proceso, sino el escenario político de una formación tradicional como es el PSOE. El partido liderado ahora por una junta gestora llevará a cabo unas primarias este domingo en las que los militantes tendrán que votar si prefieren como secretario general a Pedro Sánchez, a Susana Díaz o a Patxi López. Casi un mes después, los días 17 y 18 de junio, se celebrará el Congreso Federal para ratificar al secretario general, aprobar las líneas a seguir y la formación de la nueva cúpula socialista.
La situación interna del principal partido de la oposición amenaza así con retrasar indefinidamente la puesta en común de las conclusiones, que estaba inicialmente prevista para este mes de mayo. “El trabajo va a seguir independientemente de las primarias. Los candidatos no dicen nada diferente sobre pensiones respecto a lo que estamos defendiendo en el Congreso”, afirma Perea. “Tampoco vamos a correr”, añade, a la vez que recuerda que las recomendaciones de los expertos que han ido desfilando por la comisión “han tardado”. “Queremos abordar con detenimiento cada una de las recomendaciones porque nuestra intención es que, después de analizarlas, podamos llegar a un consenso sobre las reformas que sería necesario acometer dados los problemas a corto y a largo plazo que tiene el sistema”, agregan al respecto en Ciudadanos.
Ahora mismo es difícil que la comisión alcance un acuerdo sobre sus conclusiones al estar los diputados socialistas maniatados a la espera de la deriva que tome la formación tras las primarias
Los diputados del PP reconocen en privado que el siguiente objetivo es tener listo el informe en junio, aunque “es difícil que esté antes del verano”. Es decir, existe el riesgo de que frente a la meta inicial de mayo finalmente se retrase hasta septiembre. “Ahora mismo es difícil que la comisión alcance un acuerdo sobre sus conclusiones al estar los diputados socialistas maniatados a la espera de la deriva que tome la formación tras las primarias, y el Gobierno no debería tratar de iniciar una reforma de calado sin el principal partido de la oposición”, explican fuentes cercanas al Congreso.
RIESGO DE POBREZA
Mientras, las necesidades no esperan y el problema de las pensiones no se solucionará solo. La Seguridad Social acabó 2016 con un déficit de 18.000 millones de euros que se tradujo en una reducción del saldo del Fondo de Reserva hasta los 15.195 millones de euros, además de agravar el desafío de que el Gobierno cumpla con Bruselas. La meta para este ejercicio es que las administraciones públicas no superen el 3,1% del PIB en la diferencia entre ingresos y gastos.
El consenso es claro entre los economistas. Los jubilados perderán poder adquisitivo de tal manera que la tasa de reemplazo o sustitución -pensión comparada con el último salario- que actualmente está en niveles cercanos al 80% se acercará en cuatro décadas al 50%. Este supuesto implica que muchos jubilados, si no han realizado previamente un ahorro complementario, estarán en riesgo de pobreza relativa.
Uno de los informes más alarmantes en este sentido fue el que publicó este año la patronal de gestoras de fondos de inversión y planes de pensiones, Inverco. Su conclusión era clara: las pensiones agrandarán la deuda pública en un 54% del PIB adicional hasta 2054, cuando prevé que el sistema pueda empezar a autofinanciarse sin déficits. El agujero dependerá de la magnitud de la inflación en el futuro, según en este caso un estudio de economistas del Banco de España. Eso sí, en todos los escenarios contemplados (desde un IPC anual del 0,25% a otro del 3%) la Seguridad Social tendrá déficit al menos hasta 2050.
En abril la nómina de las pensiones contributivas alcanzó los 8.709 millones de euros, según las estadísticas del Ministerio de Báñez. El gasto creció en un 2,04% respecto al año anterior, a pesar de que la revalorización anual de las pensiones es del 0,25%. El continuo incremento se explica por la demografía y por mayores pensiones nominales que en el pasado. Y lo peor está por llegar. El INE prevé en sus proyecciones a largo plazo sobre la pirámide poblacional que España perderá a 5,3 millones de personas mientras que el porcentaje de población mayor de 64 años se elevará desde el 18,7% de 2016 hasta el 34,6% en 2066.