La mayoría independentista en Cataluña amenaza con un brusco parón económico en 2018

Ciudadanos rubricó una jornada histórica, con una victoria no sólo en votos, con 1,098 millones o un 25,4%, sino también en escaños, con 37, 12 más que en 2015. Inés Arrrimadas obtiene así un triunfo que premia su firme oposición al independentismo. Pero su notable subida no ha sido a costa del desgaste del independentismo, que retiene la mayoría absoluta, con los 34 representantes de Junts per Catalunya de la mano del expresident Carles Puigdemont, los 32 de ERC y los 4 de la CUP. Entre los tres suman 70 parlamentarios, dos menos que en 2015, pero dos por encima de la mayoría absoluta, que se consigue con los 68 escaños.

Este apoyo, que constata un mínimo desgaste en escaños para este bando pese a los históricos acontecimientos de los últimos meses, con la fuga de los bancos y las empresas, el empeoramiento de los datos económicos y la aplicación del artículo 155, se debe a que, pese a que la CUP ha perdido seis representantes desde las anteriores elecciones, el Partido Popular ha sufrido un descalabro monumental, puesto que ha pasado de 11 a 3 parlamentarios, a que Catalunya en Comú-Podem también ha perdido fuerza, de 11 a 8 representantes, y a que el PSC de Miquel Iceta ha mejorado menos de lo previsto, de 16 a 17 escaños.

EL PEOR ESCENARIO

Si los tres partidos independentistas reeditan el pacto de 2015 y, respaldados por estos 70 representantes, persisten en el pulso al Gobierno español, el impacto económico será inevitable. Más que nada, porque perpetuará la inestabilidad institucional y la incertidumbre. O lo que es lo mismo, un cóctel indigerible para realizar y captar inversiones y acometer proyectos empresariales.

Nada nuevo, eso sí, porque supondría prolongar -y,por tanto, agravar- el escenario de los tres últimos meses, marcado por el cambio de sede social de las empresas y los bancos, la congelación de proyectos e inversiones y el empeoramiento de los indicadores económicos. Y así, confirmaría las peores advertencias lanzadas desde octubre, que contemplaban un frenazo económico considerable en Cataluña, pero también en el conjunto de España, contagiada por los problemas de una región que supone el 19% del Producto Interior Bruto (PIB).

A comienzos de noviembre, en su Informe de Estabilidad Financiera, el Banco de España mostraba dos escenarios. El más benigno, caracterizado por un "tensionamiento transitorio y acotado de la incertidumbre", se traduciría en "un menor crecimiento en lo que resta de este año y a principios del siguiente [por 2018]". Lo cuantificaba en un impacto de apenas tres décimas hasta finales de 2019.

El más lúgubre, marcado por un "tensionamiento más severo y prolongado", causaría un daño mucho mayor. El PIB español se reduciría en términos acumulados algo más de 2,5 puntos porcentuales entre finales de 2017 y 2019. En dinero, este tajo asusta mucho más. Implica un deterioro de la producción española de en torno a 31.000 millones de euros. Para que no quedaran dudas, el BdE precisaba: "Este último escenario comportaría una reducción de cerca del 60 % del crecimiento considerado en el escenario base para el conjunto de la economía española y una recesión de la economía catalana durante buena parte del horizonte analizado, como reflejo de que la perturbación de incertidumbre considerada en los ejercicios anteriores afectaría de manera más intensa a esta comunidad autónoma".

Pero el BdE no ha sido el único organismo en advertir del impacto en que caso de que la crisis se perpetuara. También lo ha hecho la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). "La prolongación en el tiempo de la inestabilidad política e institucional daría lugar a impactos negativos crecientes, en función de la mayor permanencia del shock", avisaba. Aterrizaba este mensaje en que Cataluña sufriría un quebrando 2,7 puntos porcentuales en 2018, que dejaría con "un crecimiento real cercano a cero" en la región, y en que el crecimiento español menguaría en un 1,2 puntos porcentuales -unos 14.000 millones de euros-.

El propio Gobierno de Mariano Rajoy ya había incorporado los efectos de la crisis política catalana en sus últimas previsiones. A mediados de octubre rebajó sus pronósticos de crecimiento para 2018 del 2,6% al 2,3%. Y no ocultaba los motivos. Las nuevas previsiones incorporan una "ligera desaceleración económica, en línea con lo que anticipan los principales organismos nacionales e internacionales, pero que también tienen en cuenta una ligera contención de la demanda interna, resultado del impacto negativo sobre asociada a la actual situación política en Cataluña", confesaba el Ejecutivo.

Es decir, Moncloa ya manejaba para el próximo año el crecimiento más bajo desde el 1,4% registrado en 2014 y tras tres años de crecimiento, los de 2015, 2016 y 2017, superior al 3%. Si, además, se suman esos augurios, la economía se enfriaría a tasas próximas al 1%, con lo que España se expone a padecer su peor año desde la contracción del 1,7% en 2013. La recuperación, por tanto, sufriría un frenazo considerable.

EL TERMÓMETRO DEL IBEX

La bolsa, de algún modo, ya lo ha reflejado. El Ibex 35 lleva un trimestre 'paralizado', una realidad que el presidente de Bolsas y Mercados Españoles (BME), Antonio Zoido, atribuyó este jueves a la "incertidumbre política", aunque también es cierto que los restantes índices europeos han mostrado un comportamiento similar en el mismo periodo.

Con el veredicto del 21-D ya sobre la mesa, el 'hecho diferencial' del Ibex podría volver a quedar de manifiesto este viernes. Y posiblemente más allá. Los datos de preapertura recogen ya descensos del 1,5% con respecto al cierre de este jueves.