La cara factura de la obsolescencia: cuesta hasta 50.000 euros por hogar

La obsolescencia programada es la fecha de caducidad de los productos electrónicos que va de los 3 a los 10 años

  • Una de las propuestas para eliminarla es ampliar el periodo de garantía más allá de los dos años
  • El Parlamento Europeo ha creado una comisión para estudiar cómo abordar el problema
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Marta Gracia
Bolsamania | 16 jul, 2017 06:00 - Actualizado: 16:23
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La obsolescencia programada es un término que con los nuevos productos más electrónicos y con aplicaciones informáticas se ha hecho cada vez más popular. Con el término se define a la fecha de caducidad que obliga a que algunos productos electrónicos cotidianos tengan que ser renovados cada pocos años. En el caso de los móviles, cada dos, y en el de los electrodomésticos cada 10 años, como mucho, algo que puede ascender a un coste de 50.000 euros por hogar.

El Parlamento Europeo puso en marcha el pasado 7 de julio una comisión de estudio porque quiere que los productos de consumo tengan una vida útil más larga, haciendo frente sobre todo a la obsolescencia programada de los productos tangibles y los programas informáticos.

Las asociaciones señala que el consumidor debe adquirir un producto por decisión propia y no por obligación

El Parlamento pide a la Comisión que estudie la creación de una etiqueta europea voluntaria que incluya la durabilidad del producto, el diseño ecológico, la capacidad de modulación de conformidad con el progreso técnico y la posibilidad de reparación.

Los europarlamentarios también proponen crear un “contador de uso” en los productos de consumo más relevantes, como los grandes electrodomésticos, para asegurar que los consumidores están bien informados. La resolución salió adelante con 662 votos a favor, 32 en contra y 2 abstenciones.

ASÍ AFECTA A LOS CONSUMIDORES

“Por ahora hay que ser prudentes y estar a la espera para conocer el texto definitivo del Parlamento y cómo se tramita finalmente”, señala Miguel Ángel Serrano, de Facua. Solicita esta prudencia porque hay diferentes opciones para que se regule esta problemática. Se puede hacer como una recomendación, directiva o reglamento, y “los efectos pueden ser muy diferentes”, añade Serrano.

Si es una simple recomendación por parte de los estados no tiene por qué cumplirse. Si es una normativa habría que modificar el ordenamiento de los estados y si, en cambio, se optara por algún reglamento europeo, se estaría ante una normativa que sería de aplicación directa entre todos los países miembros de la UE. “Esta sería el contenido más radical”, asegura el miembro de Facua.

Para Benito Buros, de la Fundación de Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada (Feniss), “es un problema serio porque afecta al conjunto de los ciudadanos y al planeta”. Así, añade que el medio ambiente se ve afectado por el agotamiento de las materias primas.

Por todo esto, Miguel Ángel Serrano apunta que lo primero es garantizar los legítimos derechos e intereses económicos de los usuarios y uno de ellos consiste en tener plena libertad de disponer de su economía y en su plan de consumo: “Si adquiere o no un producto, que lo adquiera por decisión propia y no por obligación”.

LA OBSOLESCENCIA SE NOTA EN EL BOLSILLO

Si un producto que se utiliza todos los días tiene fecha de caducidad hace necesario que haya que renovarlo constantemente. Por ejemplo, la vida útil de los móviles actuales, los conocidos ‘smartphones’, es de dos años aproximadamente. “Semana arriba, semana abajo duran unos dos años. Tu móvil funciona bien y pasa ese tiempo y deja de funcionar”, apunta Miguel Ángel Serrano.

Benito Buros señala que los electrodomésticos como la lavadora, o el frigorífico, tienen una vida útil de entre 3 y 10 años “como mucho”. Según Buros, esta realidad significa que hay que cambiar el móvil, el frigorífico o la lavadora entre 3 y 6 veces en toda tu vida. “Esto puede suponer un desembolso extra de entre 30.000 y 50.000 dólares. Es mucho dinero y te tienes que endeudar en muchas ocasiones, por lo que tienes que añadir los intereses”, asegura.

“Toda aquella conducta que afecta más o menos a la economía del consumidor, que fuerce su comportamiento comercial y que no se realice porque él quiera, sino que se produce por la avería de ese aparato, es una conducta ilícita”, explica el miembro Facua. Por ese motivo, añade que es una práctica que “tiene que ser perseguida” por parte de las administraciones públicas.

Así, insiste en que no es lo mismo que el consumidor cambie el móvil voluntariamente porque quiere uno nuevo con mejores prestaciones “a que me vea forzado a cambiar cada dos años de teléfono porque aunque lo cuide bien no va a durar más de dos años”. Además, explica que es “necesario” retirar la obsolescencia programada sobre cualquier producto.

ALGUNAS PROPUESTAS

Tanto desde Facua como desde Feniss se muestran en contra de esta práctica comercial. “Somos partidarios de que por parte de las instituciones europeas o españolas se realice alguna modificación legislativa normativa, que intente evitar dentro de lo posible estos casos”, apunta Miguel Ángel Serrano.

También coinciden en que una de las propuestas que podría acabar con la obsolescencia es la ampliación de la garantía legal, que ahora es de dos años. “Si esa ampliación legal se ampliase de manera forzosa, a la empresa no le quedaría más remedio que ampliar esa obsolescencia programada”, explica Serrano.

“Tendría que haber una nueva ley de garantía que vaya incrementando el número de años de garantía hasta como mínimo 15 desde los 2 que está ahora”, puntualiza Muros. Además, apuestan desde Feniss por la fabricación local y la reparación en más locales y no sólo en los de la marca del producto.

“Esto provocará que la marca tenga que abrir más puntos de reparación. Ahora hay muy pocos puntos porque no sale a cuenta reparar electrodomésticos, a veces cuesta el 80% del producto y a veces incluso el 100% de uno nuevo. Todo el mundo opta por comprar uno nuevo cuando tiene una avería de poco valor”, asegura Benito Muros.

Esto es algo por lo que también apuesta Miguel Ángel Serrano: “La reparación tiene que ser más fácil y barata”. Si ese aparato se puede arreglar porque por normativa se obliga, a la marca no le beneficiaría mucho programar su caducidad “porque sabe que el usuario por sus propios medios puede conseguir prolongar su vida útil”.

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