• El proceso de regularización catastral, abierto desde 2013, ha permitido recaudar 1.254 millones más de IBI
  • La mayor parte de estas construcciones irregulares son ampliaciones de viviendas o metros ganados al jardín, entre otras
  • Hacienda ha encontrado irregularidades en el 8,6% de los más de 18 millones de inmuebles analizados
Montoro

El Catastro, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, ha podido regularizar 1,7 millones de edificaciones en más de 4.300 ayuntamientos, gracias a las imágenes obtenidas mediante satélites y fotos aéreas. Este proceso regulador comenzó en 2013, a través del cual el Gobierno permitió legalizar construcciones a cambio de 60 euros de tasa. Desde ese año la recaudación por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) ha aumentado 1.254 millones

6.331 consistorios han recurrido a esta etapa de regularización del Catastro según El País, cuyo plazo para acogerse al mismo termina el 31 de diciembre de este año. El 78% de los Ayuntamientos españoles ya comenzaron su proceso de revisión. En el mismo se ha permitido legalizar sus inmuebles a todas aquellas personas que así lo quisieran mediante el pago de una tasa fija de 60 euros, una medida introducida por el PP en los Presupuestos de 2013 y que fue tachada de injusta por la oposición, ya que no distinguía entre inmuebles regularizados.

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PISCINAS NO DECLARADAS, AMPLIACIONES DE VIVIENDAS...

Entre las construcciones que los españoles no declararon más comunes se encuentran las ampliaciones de casas y construcciones suplementarias a la vivienda principal, piscinas llevadas a cabo sin declarar al Ayuntamiento, cerramientos de terrazas, techados de áticos y metros ganados al jardín o chalé de diferentes maneras.

Se encontraron irregularidades en 1.615.000 inmuebles, el 8,6% del total de los analizados

Hacienda ha podido revisar más de 18 millones de inmuebles (casi la mitad de todos los existentes en España) en más de 4.000 localidades que lo pidieron. De todas esas edificaciones se encontraron irregularidades en 1.615.000 inmuebles, el 8,6% del total. Las comunidades con un mayor nivel de porcentaje de fraude respecto al valor catastral fueron Aragón (16,9%), Galicia (15,4%), Extremadura (13,4%), Castilla-La Mancha (11,4%) y Baleares (11%). Por su parte, las comunidades con menos ratio de irregularidades son Madrid (3,9%), Murcia (4,7%), Catalunya (5,9%) y Comunitat Valenciana (6,1%).

En cuanto a los datos curiosos del Catastro se encuentran datos como que Barcelona y Granada fueron las dos provincias de España donde más piscinas irregulares se construyeron, o que en Huesca, Almería, Albacete, Ourense y también Granada fueron donde más nuevas construcciones sin declarar afloraron.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROCESO?

Mediante las fotografías aéreas o imágenes tomadas a través de satélites, el Catastro comprueba si los inmuebles analizados presentan algún tipo de modificación respecto a lo que figura oficialmente. Si se encuentra algún cambio en alguna edificación que no haya sido declarado, Hacienda traslada esta información al Ayuntamiento pertinente.

Por otra parte, el ministerio también manda una notificación al ciudadano para que regularice la nueva situación de su inmueble frente al Catastro mediante el pago de una tasa de 60 euros. El registro de inmuebles de cada municipio ha subido un 3% de media tras la finalización de la primera fase del proceso en julio y los consistorios han recaudado 1.254 millones de euros más de IBI, según Hacienda.

GESTHA: LA REGULARIZACIÓN SOLO HA SUPUESTO RECAUDACIÓN EXTRA DEL 2% DEL IBI

Por su parte, los técnicos de Hacienda (Gestha) aseveran que la recaudación extraordinaria que ha obtenido el Ministerio de Hacienda de 1.254 millones de euros en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) desde 2013 por la regulariación catastral en 4.340 municipios solo supone un 2% de los ingresos totales percibidos en los últimos cinco años a través de este tributo.

El colectivo explica que esos 1.254 millones son el resultado de las liquidaciones del IBI que han reclamado los municipios desde los últimos cinco años, correspondientes a los cuatro años anteriores no prescritos. Además, señala que los 1,69 millones de inmuebles que se han regularizado durante estos años apenas suponen el 3,8% del total de los 42,8 millones de inmuebles que existen en España.

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