Los expertos aseguran que la deuda de las Comunidades Autónomas puede condonarse. Sin embargo, la respuesta al problema estructural que presenta el sistema de financiación autonómica pasa por dos opciones: la implementación de un modelo 'confederal' con independencia para recaudar impuestos, o bien, la adopción de un modelo totalmente centralizado. Nada de medias tintas.
El Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas (FFCA) supone casi el 60% del endeudamiento autonómico, con un volumen de 166.100 millones de euros a cierre de 2017 tras incrementarse en casi 16.000 sólo en el pasado ejercicio, según datos de la Afi (Analistas Financieros Internacionales). Un ritmo que aumentará en 2018 con la necesidad de financiación de las autonomías en 35.000 millones de euros, dada la mayor cuantía de vencimientos que deben de ser cubiertos.
Ante esta tesitura, el Gobierno de Mariano Rajoy manifestó su intención de acabar con los mecanismos extraordinarios de financiación, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). Un proyecto que, según los expertos, continuará con Pedro Sánchez dada la inmediata necesidad de reformular un sistema con desequilibrios estructurales que no deja de inflar el 'debe' de las administraciones. Y para ello existen dos opciones.
En primer lugar, avanzar hacia un modelo de autonomía total o 'confederal', donde cada región se lance a la búsqueda de ingresos. Desde Afi aseguran que la gran mayoría de las CCAA tienen capacidad para colocar deuda subsoberana en el mercado, pero la comodidad que ofrece el sistema actual no les incentiva a ello. Asimismo, los analistas reconocen que la grave situación de apalancamiento que sufren autonomías como Valencia, Cataluña o Murcia podría dificultar tal tarea.
Por ello, la ventana de liquidez estatal podría seguir abierta, siempre bajo condiciones más estrictas que desincentiven su uso frente al mercado de capitales. Trasladar el coste de las Comunidades por la intermediación del Tesoro y añadir una prima según su riesgo es la propuesta que aporta Afi.
La segunda opción es un modelo totalmente centralizado que garantice un mejor orden de las cuentas y acabe con el debate sobre los criterios de participación en los ingresos del Estado y sobre la irresponsabilidad de las regiones a la hora de malgastar los fondos del país. Sin embargo, los expertos advierten de la dificultad de esta opción dado el especial trato que reciben regiones como Navarra o el País Vasco, la diferente situación que existe entre CCAA y lo difícil de su aprobación dada la gran fragmentación política que domina el panorama. En lo que coinciden es que la solución no pasa por una respuesta lineal y general que no se adecue a la situación propia de cada región.
UN PROBLEMA DE EVALUACIÓN
El ya antiguo Ejecutivo del Partido Popular decidió convocar el pasado ejercicio una Comisión de Expertos que analizara la endeudada estructura autonómica. Y su respuesta fue clara: retirar el FFCA y catalogar la amortización y los intereses de la deuda pública como parte de los Pasivos Financieros de las CCAA, siendo asumidos como compromisos a cumplir. Sin excepciones.
Pero la dificultad de determinar la intensidad de los ajustes presupuestarios de cada Comunidad y de la eficiencia en el gasto complican el cambio de 'look' del sistema de financiación. En otras palabras, no existe un mecanismo claro de evaluación que vele por estudiar la política de gasto de las autonomías ni sus necesidades de capital.
Por otro lado, los expertos argumentan a favor de una reestructuración o 'quita' de la deuda, necesaria para el retorno de las CCAA a los mercados. Y este se debe llevar a través de dos tramos: un porcentaje igual para todas las regiones e incrementos debidos al tratamiento asimétrico de la infrafinanciación que ha afectado a Comunidades concretas. Todo ello bajo la condicionalidad de objetivos de convergencia con el cumplimiento del déficit estructural y un valor de referencia de deuda acumulada.