El Gobierno impulsará una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que se pueda adaptar la senda de déficit y deuda a los nuevos objetivos señalados por la Unión Europea para todas las administraciones públicas en una situación excepcional como la actual, con el Ejecutivo en funciones y sin capacidad para aprobar una medida así.
En la práctica, una de las consecuencias es que la medida servirá para poder pasar el déficit autorizado a las comunidades autónomas este año del 0,3% previsto en enero al 0,7% decidido en abril y aprobado por la UE, y del 0,1 al 0,5% en 2017. Los Gobiernos autónomos podrán así preparar con seguridad jurídica sus presupuestos para el próximo ejercicio, una reclamación que han venido haciendo todos los ejecutivos regionales.
La reforma será presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y se intentará aprobar con urgencia, para que entre en vigor cuanto antes. Así también el Gobierno podrá liberar los 4.000 millones de euros del Fondo de Liquidez Autonómica con los que las comunidades adheridas puedan cubrir ese nuevo objetivo de déficit, tal y como ha asegurado el Ejecutivo en funciones tras la reunión del Consejo de Ministros de este viernes.
AUMENTO DEL TIPO MÍNIMO DE SOCIEDADES
El Consejo de Ministros también ha aprobado este viernes un aumento del tipo mínimo del Impuesto de Sociedades del 12% actual al 23% con el objetivo de recaudar 8.000 millones de euros más, según ha informado la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría.
La intención es que la reforma ya esté en vigor en los pagos fraccionados del mes de octubre y diciembre, tal y como se comprometió el Gobierno con Bruselas para enjugar las cifras de déficit, que este año tiene que situarse en el 4,6% del PIB.
Con esta medida, el Ejecutivo prevé ingresar 8.000 millones de euros adicionales al año para poder cumplir con el déficit, en un momento en el que los ingresos por pago fraccionado de las empresas está cayendo más del 50% como consecuencia, por un lado, de la rebaja del impuesto, que entró en vigor de forma escalonada en 2015 y 2016, y por otro lado, por la desaparición este año del tipo mínimo del 12% de los pagos fraccionados.
En concreto, el decreto-ley, que el Ejecutivo tiene que enviar a Bruselas antes del próximo 15 de octubre, establece un tipo mínimo que será del 23% frente al 12% actual para aquellas empresas que facturen más de 10 millones de euros anuales (unas 9.000) y que estará en vigor, como mínimo, este año y el que viene, aunque no se descarta que también se aplique en 2018 en función de la evolución del déficit.
TIPO DEL 25% PARA LOS BANCOS
La reforma del impuesto endurecerá especialmente el tipo a aplicar en el caso de los bancos, elevándolo hasta el 25%. El tipo mínimo del pago fraccionado, que actúa como un adelanto de la liquidación del impuesto, se ha aplicado entre 2012 y 2015, año en el que este tipo se situó en el 12%. Con la reforma fiscal de 2015 se eliminó, pero la caída de los ingresos por Sociedades hasta junio ha llevado al Gobierno en funciones a dar marcha atrás y volverlo a establecer, en este caso incrementado.