- Las ayudas Beatriz Galindo también pretenden que profesores extranjeros puedan ejercer la docencia en España
El Gobierno pretende que el talento investigador español que está desarrollando su actividad profesional en el extranjero vuelva a España. Este es el objetivo de las ayudas Beatriz Galindo, aprobadas este viernes en el Consejo de Ministros y que cuentan con un presupuesto de 21,6 millones de euros.
Según el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, “el objetivo es que en tres años consigamos que el talento que está fuera vuelva a España y venga a investigar o a dedicarse a la docencia en nuestro país”. En este sentido, Méndez de Vigo también ha explicado que las ayudas también facilitarán que “profesores extranjeros puedan venir a explicar a nuestro país”.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rafael Catalá, titular de Justicia, ha presentado la memoria anual de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) que tiene como objetivo "recuperar efectos y ganancias por la comisión de un delito". En este sentido, Catalá ha remarcado la cifra de 18,9 millones de euros en la cuenta de depósitos y consignaciones de la ORGA.
Además, el Consejo de Ministros ha aprobado mediante un Real Decreto la creación de una comisión interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública. Méndez de Vigo ha explicado que esta comisión trabajará para que se tengan en cuenta "políticas sociales, medioambientales y de innovación". Por último, el ministro de Educación ha anunciado tres acuerdos de inversión a propuesta del Ministerio de Fomento relacionados con la Alta Velocidad y que afecta a las líneas León-Asturias, Madrid-Galicia y el proyecto de alta velocidad que pasa por Madrid, Castilla - La Mancha, Comunidad Valenciana y Murcia.
CATALUÑA
En relación con la resolución aprobada este jueves en el Parlament que ratifica "la confianza en Carles Puigdemont como presidente", el ministro de Justicia ha señalado que "presentar a un candidato le corresponde al Parlament, si el candidato tiene un problema con la justicia, eso será cosa del juez; y si está en prisión previsional quien tiene autoridad es el juez instructor del Tribunal Supremo, nosotros estaremos atentos".
En este sentido, ha recalcado que hay "reiterada jurisprudencia" que señala que la "declaración de voluntad, una declaración política que no tienen efectos frente a terceros, sin consecuencias jurídicas, no tienen ámbito en la jurisdicción penal y en ese campo nos estamos moviendo".