Despidos y caída de ingresos... Así golpea la Administración Pública a las empresas con su morosidad

Además de la pérdida directa de ingresos o las consecuencias que tienen los impagos para el empleo, la morosidad crea problemas de liquidez y costes adicionales

Esas son algunas de las conclusiones que se desprenden del 'Informe Europeo de Pagos' emitido recientemente por Intrum Justitia, que hace una radiografía de la situación actual con especial acento en el caso español. Este documento pone de manifiesto que la mayoría de las empresas siguen sufriendo, a día de hoy, la morosidad de sus clientes, que es especialmente llamativa en el caso del sector público y de las empresas B2B (business to business). Todo ello genera problemas, y es que además de los ya mencionados, como la pérdida directa de ingresos o las consecuencias que tienen los impagos para el empleo (el 32% de los empresarios reconoce que podría incorporar nuevos empleados si les pagasen a tiempo), además la morosidad crea problemas de liquidez y costes adicionales.

Juan Carlos González, director general de Intrum Justitia en España, habla sobre esta problemática y explica que hay otros posibles efectos colaterales que son más difíciles de contabilizar: “Las pérdidas también pueden registrarse a través de otros gastos, como los derivados de la gestión de cobro interna para afrontar los impagos o la pérdida de valor adquisitivo que la empresa sufre al no ejecutar las facturas en la fecha de vencimiento contractual”.

Esta situación afecta, sobre todo, a las pequeñas y medianas empresas, que dependen mucho más de que sus clientes paguen a tiempo y que tienen menos posibilidades de protegerse ante la morosidad en comparación con las empresas más grandes. Pero no todo es problema de impagos: las propias empresas reconocen que tardan demasiado en reclamar a sus clientes las deudas. En concreto, el 43% de ellas tarda más de 30 días, mientras que el 30% lo hace entre 31 y 60 días. Otro 17%, según el mencionado informe, tarda de 61 a 90 días en reclamar, mientras que un 11% lo hace entre los 91 y los 180 días. Es decir, las propias sociedades aceptan plazos de pago más largos, y todo ello pese a que la Ley de Morosidad obliga a no demorarse más allá de los 30 días.

Además, en la Directiva Europea del Retraso en el Pago (ELPD) se establecen las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, y entre otras cosas da derecho a cobrar 40 euros por cada factura impagada más intereses si hay retraso a la hora de pagar, aunque las empresas reconocen que no piensan hacerlo pese a los altos niveles de morosidad que se dan en España.

¿CÓMO ES EL PAGO EN CADA CCAA?

Hace exactamente un mes, el Ministerio de Hacienda informaba sobre la situación del pago a proveedores en cada comunidad autónoma. Según los datos facilitados por el departamento que dirige Cristóbal Montoro, en enero seis regiones -Baleares, Cantabria, Canarias, Comunidad Valenciana, Cataluña y Murcia- seguían incumpliendo la normativa y excediendo el tiempo máximo fijado para abonar las facturas.

Mientras que la media de las autonomías se situaba en los 25,45 días, cuando el periodo máximo marcado en la normativa sobre morosidad es de 30 días, en las seis comunidades citadas se superaba ampliamente, con Murcia a la cabeza (59,39), seguida de Cantabria (52,23) y Comunidad Valenciana (44,30). Sin embargo, y a pesar de la mejoría registrada en cuanto a dato medio de pago -supone la segunda bajada consecutiva-, los empresarios señalan que no es suficiente porque las demoras aún son muy significativas. Tanto que en los datos correspondientes a febrero, dados a conocer por el departamento de Montoro este lunes, queda de manifiesto que en el segundo mes del año el periodo medio de pago se situó en 26,01 días para el conjunto de las comunidades autónomas, lo que supone un leve incremento de 0,56 días respecto al mes anterior, un 2,20%. Aún así, Hacienda insiste en que la cifra supone el segundo mejor dato publicado desde el inicio de la serie (septiembre de 2014) y en que, por tercer mes consecutivo, se sitúa por debajo de los 30 días, el plazo máximo legalmente previsto por la normativa de morosidad.

Además, como ocurría en enero, Canarias, Cantabria y Comunidad Valenciana incumplieron el plazo de 30 días. Y en relación con los datos del mes de enero, destaca que la Región de Murcia sitúa su periodo medio de pago por encima de los 60 días, siendo la única región que supera este plazo. Por el contrario, Baleares y Cataluña presentaron en febrero datos inferiores a 30 días.

Aunque la media autonómica de pago se sitúa en 25,45 días, algunas CCAA incumplen por mucho el plazo máximo de 30 días: Murcia (59,39), Cantabria (52,23) y Comunidad Valenciana (44,30) son los casos más llamativos

Los autónomos son los más afectados por esta situación, y por ello se quejan ante la demora del sector público. La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) ha denunciado que el 80% de las administraciones públicas sigue incumpliendo la Ley de Morosidad y que los plazos medios de pago por parte de las administraciones públicas alcanzó los 72 días en 2016. Esta asociación afirma que la administración central, con 43 días de media, es la que paga en un plazo menor, aunque tampoco cumple el plazo máximo de 30 días fijado por ley. Las administraciones locales, dice ATA, pagan de media sus facturas a los autónomos en 80 días, mientras que las autonómicas lo hacen en 64 días.

Los cálculos de los autónomos no coinciden con los de Hacienda, dado que ATA fija el periodo medio de pago teniendo en cuenta la fecha de emisión de facturas o entrega de mercadería y el momento de su pago efectivo. El Ministerio, por su parte, calcula ese periodo desde el momento de convalidación de la factura por parte de la administración competente hasta el pago efectivo de la misma, lo que según los autónomos “da un margen de entre 28 y 32 días de más, que es lo que se tarda de convalidar las facturas por parte de las Administraciones”.

“Pese a los avances, debemos plantear acabar con la morosidad como una prioridad absoluta y actuar de forma contundente contra ella”, dice Lorenzo Amor, presidente de ATA. Los autónomos han pedido en varias ocasiones que se cree un cuerpo de inspección específico que vigile la morosidad, y además reclaman que se establezca un recargo del 20% automático cuando se superen los plazos de pago legalmente establecidos. También solicitan que se impulse un régimen sancionador para aquellas empresas que incurran en malas prácticas e incumplan de forma reiterada la normativa. “Echamos de menos que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) asuma competencia al respecto, asumiendo los plazos de pago como un instrumento de competencia desleal como sí hace en otras ocasiones”, remarca Amor en este sentido.

COMPROMISOS CONTRA LA MOROSIDAD

Son muchas las propuestas que han surgido en un intento de atajar la morosidad de las administraciones públicas. Las últimas se han podido oír esta misma semana en la cumbre político-empresarial que ha organizado la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) en Madrid. En ella participaron el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, además de una decena de portavoces económicos de todos los grupos parlamentarios.

Todos ellos se comprometieron a poner en marcha el régimen sancionador con el que empezar a multar a las empresas que no paguen a sus proveedores en los plazos establecidos por ley. En el caso del sector privado, el plazo máximo es de 60 días, aunque en la mayoría de los casos se incumple. “Un régimen sancionador es la única manera de conseguir un mayor cumplimiento del plazo de pago”, dice Antoni Cañete, presidente de la PMcM, que cree que “con las sanciones se evitarían muchos de los malos hábitos de pago que existen en nuestro país, acabando con las prácticas abusivas de imponer plazos de pago leoninos”.

Hace unas semanas el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley para la implantación de un régimen sancionador contra la morosidad

Hace unas semanas el Congreso de los Diputados aprobó, con el voto favorable del 99% de la Cámara, una Proposición No de Ley para la implantación de un régimen sancionador contra la morosidad. El texto incluía también una propuesta para que la nueva Ley de Contratos del Sector Público exija, en las licitaciones públicas a los grandes contratistas, una certificación auditada de que pagan a las empresas subcontratadas conforme a la ley. De llevarse a cabo todas estas medidas pactadas por las fuerzas parlamentarias “no solo se acabaría con la dilación abusiva de los plazos de pago a proveedores, sino que estaríamos delante de un compromiso político que permitirá no crear más trampas para saltarse legalmente los plazos de pago”, afirma Cañete.

Según el último informe de la PMcM, el plazo medio de pago a proveedores se redujo en 2016 tanto en el sector público (5,3%) como en el privado (9,4%), pasando respectivamente de 75 a 71 y de 85 a 77 días, aunque manteniéndose lejos de los 30 y 60 días que establece la ley para cada caso.