• Andalucía encabeza la lista, seguida de Murcia y Galicia
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El 42,4% de los hogares españoles no tenía capacidad para afrontar gastos imprevistos en 2014, el porcentaje más elevado desde 2004, según la encuesta de condiciones de vida que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, el 29% de los españoles se encuentra en riesgo de exclusión social y pobreza.

El organismo considera que los hogares tienen capacidad para hacer frente a gastos imprevistos cuando dispone de recursos propios para ello, es decir, sin recurrir a préstamos o compras a plazos para pagar gastos habituales que antes se liquidaban al contado. El importe del gasto es revisado cada año por el INE a partir de la evolución de los ingresos de la población, situándose en 2014 en 650 euros.

La incapacidad de las familias para afrontar gastos imprevistos ha evolucionado al alza en los últimos años, con algunas excepciones. Lo cierto es que mientras en 2010 el 38,5% de los hogares no podía hacer frente a estos imprevistos, en 2014 la cifra ha subido hasta el 42,4%.

La encuesta revela también que en el momento de su realización (en la primavera de 2014), el 16,1% de los hogares llegaba a final de mes con "mucha dificultad", porcentaje que ha descendido ocho décimas respecto a 2013, cuando se alcanzó el nivel más alto de la crisis (16,9%).

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Andalucía encabeza la lista donde más hogares llegaban con mucha dificultad a fin de mes en 2014

Además, el INE apunta que el número de hogares que no se ha podido permitir ir de vacaciones al menos una semana al año se situó en 2014 en el 45%, ocho décimas menos que en 2013 (45,8%), pero porcentaje bastante superior al de 2010 (40,8%).

Según el organismo estadístico, el 10,2% de los hogares admite que se retrasa en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal en los 12 meses anteriores a la encuesta. Este porcentaje ha ido en aumento en los últimos años, pasando del 8,7% en 2010 al 10,2% en 2014, su nivel más alto desde 2004.

Por comunidades, Andalucía encabeza la lista donde más hogares llegaban con mucha dificultad a fin de mes en 2014, con un 24,3%, esto es, casi uno de cada cuatro. Le siguen Murcia (22,7%) y Galicia (20,8%), mientras que las regiones con los porcentajes más bajos son Navarra (4,2%), Asturias (4,6%) y Aragón (9,8%).

Murcia lidera el ránking autonómico en el caso de hogares que tuvieron que renunciar a cogerse vacaciones al menos una semana al año, con el 61,5%, seguida de Andalucía (59,5%) y Canarias (57,9%). Los porcentajes más bajos se dan en Navarra (21,4%), País Vasco (24,6%) y Madrid (28,9%).

En cuanto a la capacidad para afrontar gastos imprevistos, los hogares de Canarias, Andalucía y Murcia son los que presentan mayores dificultades, con porcentajes del 68%, del 58,3% y del 55,6%, respectivamente. Por el contrario, también Navarra y País Vasco son las comunidades con mejores resultados, con un 17,5% y un 20,5%, al que se suma también Asturias (25,6%).
En el caso de los hogares que se retrasan en los pagos relacionados con la vivienda, Baleares (18,1%), Canarias (16%) y Comunidad Valenciana (15,5%) presentan los valores más altos, y Castilla y León (3,2%), País Vasco (4,4%) y Cantabria (4,6%), los más bajos.

LOS INGRESOS MEDIOS POR HOGAR, EN MÍNIMOS DESDE 2009.
La encuesta de condiciones de vida 2014 revela además que los ingresos medios anuales netos por hogar se situaron en 2013 en 26.154 euros, su valor más bajo al menos desde 2009, cuando comienza la serie retrospectiva que el INE ha elaborado para poder comparar cifras.

Los ingresos medios por hogar registrados en 2013 son un 2,3% inferiores a los de 2012, cuando se situaron en 26.775 euros anuales. Echando la vista un poco más atrás, los ingresos medios anuales de los hogares españoles se han reducido un 11,7% en cinco años, ya que en 2013 ingresaron 3.480 euros menos de media que 2009.

Estadística realizó estimaciones retrospectivas tras introducir en la encuesta de 2013 cambios metodológicos en la producción de datos relativos a los ingresos de los hogares. Desde el año pasado, el INE tiene en cuenta tanto la información proporcionada por la persona encuestada como los registros administrativos de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

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