La comisión de expertos propone que el Estado realice una acción reivindicatoria en la justicia
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS)
La Consellería de Cultura de la Xunta ha defendido que la posibilidad de que se tenga que indemnizar gastos de mantenimiento a los herederos del dictador Franco si finalmente prospera una demanda civil para incorporar el Pazo de Meirás al patrimonio público es meramente una "hipótesis".
"Tal y como se explica en el informe, esa es una hipótesis que cumpliría valorarse en el caso de que finalmente se decidiese esa vía, prosperase la acción reivindicatoria como bien demanial y la Administración General del Estado lograse una sentencia firme y favorable, obteniendo así la restitución de su posesión", ha señalado la Consellería de Cultura en respuesta al hecho de que la Xunta no presentarse voto particular a la conclusión que recoge esta cuestión, como sí hizo el Ayuntamiento de Sada.
En respuesta a las distintas preguntas formuladas por Europa Press, el departamento que dirige Román Rodríguez ha recordado que el Parlamento de Galicia instó a la Xunta a realizar un estudio jurídico, en colaboración con las universidades gallegas, para analizar la posibilidad de incorporar al patrimonio público la propiedad de las Torres de Meirás.
Así, preguntada por si llevará a cabo alguna acción a raíz del documento, ha indicado por qué se creó la comisión y que, ahora, el compromiso es "dar traslado al Parlamento" de Galicia. "Para esto (para el estudio jurídico) y se elaboró este informe que, lógicamente, se le va a trasladar al Parlamento", ha apuntado y agregado, sin aclarar si habrá alguna nueva iniciativa: "El primer paso es la puesta a disposición del Parlamento de este informe".
PRESENTACIÓN DEL INFORME
La presentación del informe ha tenido lugar este lunes con la participación de presidente de la comisión, el catedrático Xosé Manoel Núñez Seixas, los ponentes redactores del documento y el alcalde de Sada y su concejal representado.
Sin embargo, la consellería no acudió a la convocatoria porque, según han explicado fuentes de este departamento, "la comisión es independiente". "La consellería siempre alentó y colaboró en todo lo preciso con esta comisión, pero manteniendo el máximo respeto por su independencia", ha apuntado en la respuesta a Europa Press.
De los once miembros de esta comisión, tres procedían de la Xunta. Concretamente, formaron parte de la comisión el subdirector de Patrimonio de la Consellería de Facenda, la asesora jurídica de la Consellería de Cultura y el director xeral de Patrimonio Cultural de la Consellería de Cultura.
INFORME
La propuesta jurídica que propone la comisión de expertos nombrada por la Consellería de Cultura para estudiar la incorporación al patrimonio público del Pazo de Meirás (BIC desde 2011), también conocido como las Torres de Meirás, pasa por que la Administración General del Estado presente una acción reivindicatoria, a través de una demanda civil, en la que se argumente el uso del inmueble como espacio institucional durante más de 30 años.
La fórmula prevista, cuya palabra técnica es demanialización --y que, en síntesis, significa que por "la fuerza del uso" se trata de un inmueble público--, abre la puerta, eso sí, a que los herederos de los Franco sean compensados económicamente.
Así, esta situación de compensación se daría en el caso de que, una vez que haya sentencia firme (Tribunal Supremo) a favor del Estado, se produzca una liquidación de la propiedad y los actuales poseedores del pazo sean compensados por gastos de mantenimiento desde el 20 de noviembre de 1975 --fecha del fallecimiento del dictador--, si esas inversiones están probadas.