Podemos informa que Íñigo Errejón, responsable de Secretaría Política, presentará alegaciones al pliego de cargos abierto por la Universidad de Málaga que propone su inhabilitación como investigador.
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El partido de Errejón recuerda además que está aún en plazo para llevar a cabo alegaciones ante el expediente que propone el instructor de la Universidad de Málaga (UMA), y que podría impedir que vuelva a investigar en proyectos similares al que tenía.
Errejón recibió una comunicación para la vista del expediente disciplinario el 23 de marzo a través de un burofax, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que se le citaba, incluso, a comparecer el pasado día 26 en el Pabellón de Gobierno de la UMA, pudiendo retirar copia de todos los documentos relativos al proceso.
"A partir de entonces dispondrá de un plazo de 10 días para alegar lo que estime pertinente en su defensa, pudiendo aportar cuantos documentos considere oportunos", se expone en el escrito del instructor, que comunicó el pliego de cargos el pasado 3 de marzo tanto a Errejón como al director del proyecto, el profesor de Economía Aplicada de la UMA Alberto Montero. En su caso, se trata de un apercibimiento por falta leve.
El instructor argumenta su propuesta de sanción aludiendo al supuesto incumplimiento por parte de Errejón de sus obligaciones laborales y a la vulneración de la Ley de Incompatibilidades cuando trabajaba para la institución académica como investigador.
Cuando el 'número dos' de Podemos presente alegaciones al pliego de cargos, como ya ha hecho Montero, la Universidad de Málaga tendrá un mes para estudiarlas. Tras esto, el instructor elevará una propuesta definitiva de sanción a la rectora, Adelaida de la Calle, que, de hecho, será la que tenga la última palabra. De aceptarla, el plazo para su ejecución será de un mes.
CONTRATO CON LA UMA
Errejón inició su contrato con la UMA el 17 de marzo de 2014, que se fue prorrogando cada tres meses, hasta su finalización el pasado 16 de diciembre. Era de 40 horas semanales, con un sueldo bruto mensual de 1.825 euros.
El objetivo del contrato era la elaboración del proyecto 'La vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda', financiado por la Consejería de Fomento de la Junta.
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