• Las micropymes suponían hace un años el 95% de todas las empresas españolas
  • Los privilegios de Hacienda y la Seguridad Social como acreedores les avocan a la liquidación
  • El Consejo General de Economistas se suma a la denuncia del FMI

Las micropymes, aquellas con menos de 10 trabajadores, son las empresas más castigadas por la crisis, las que han incurrido en más concursos de acreedores en los últimos años y, a su vez, son en las que más peso tiene el crédito de las Administraciones Públicas, los acreedores menos flexibles a la hora de renegociar la deuda. Esa menor flexibilidad aboca a este tipos de empresas, que hace un año según el DIRCE (Directorio Central de Empresas del INE), suponían el 95% de todas las empresas españolas, a la liquidación.

El Consejo General de Economistas, con el apoyo técnico de su órgano especializado el Registro de Expertos en Economía Forense, REFOR-CGE, ha advertido esta semana de una realidad que ya puso sobre la mesa a comienzos de mes el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su último informe sobre España: “Los acreedores públicos (Hacienda Pública y Seguridad Social) tienen poca flexibilidad para la reestructuración de la deuda fuera de los Tribunales y no se llevan a la mesa de negociaciones con otros acreedores, lo cual es particularmente problemático para las PYME. Una estrategia integral y voluntaria, catalizada por el sector oficial y que armonice los incentivos de todos los interesados, podría hacer "avanzar rápidamente" la reestructuración y mejorar las perspectivas de crecimiento”.


La empresa tipo que más quiebras protagoniza en España, es una micropyme con una plantilla de 1 a 9 trabajadores y un volumen de negocio inferior a 2 millones de euros, según el estudio de REFOR-CGE y, su pequeña dimensión propicia que la incidencia de los créditos públicos sea muy intensa. Unos créditos que disfrutan de una situación privilegiada en los concursos de acreedores.

El objetivo es que las propias Administraciones Públicas consigan cobrar sus créditos y evitar la liquidación.

El Consejo General de Economistas considera que se debe fomentar que las pymes acudan al concurso, y no opten por otro tipo de soluciones drásticas, como la liquidación, en caso de que se encuentren en esta situación de insolvencia. Pero para eso, sus principales acreedores, las Administraciones Públicas, deben ser más flexibles a la hora de negociar. El organismo de Economistas ha propuesto al Congreso de los Diputados que en la reforma concursal se laminen gran parte de los privilegios que disfrutan las Administraciones Públicas, tanto en la fase preconcursal como en la fase concursal propiamente dicha. “De esta forma, se permitiría extender la reforma de los acuerdos de refinanciación, solución extraconcursal de la mediación y solución de convenios, a los créditos públicos, de modo, que los mismos pudieran incluir quitas y esperas”, explican. El objetivo es que las propias Administraciones Públicas consigan cobrar sus créditos, aunque lo hagan en un periodo posterior.

Según las últimas cifras de Estadística concursal de Registradores, más del 95% de los concursos de acreedores de 2013 terminaron en liquidación, y para el Colegio de Economistas “es preferible reducir estas cifras y que las Administraciones Públicas puedan seguir cobrando sus créditos, al subsistir las empresas y no quedar liquidadas”.

Más del 95% de los concursos de acreedores de 2013 terminaron en liquidación.

La Hacienda Pública ha realizado quitas en concursos de acreedores por valor de 74 millones de euros desde 2006. “Si procedemos a calcular el número de concursos desde dicho año hasta el momento, la cifra sería de entorno a unos 40.000. De media, según estos datos, Hacienda Pública habría realizado quitas por valor medio del concurso de 1.800 euros en números redondos, lo que es una cantidad muy pequeña, en relación al pasivo de los concursos”, denuncian.

contador