- De no hacerlo, el Ejecutivo catalán procederá a cesarlos
- Frente común de ERC y CiU para que no se investigue el caso en el Parlament
La presión de todos los partidos se cierra sobre el ex president de la Generalitat, Jordi Pujol, de quién se espera que presente una renuncia de todos los privilegios que disfruta, tras su confesión de evasión de capitales, durante 34 años, en diversas cuentas en el extranjero.
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Si Pujol no da el paso, será el Govern catalán quién debatirá y, muy probablemente, tomará la decisión de retirarle todas las concesiones, antes de la tarde de este martes. Las prerrogativas de las que goza el ex president están reflejadas en el "Estatut dels ex presidents de la Generalitat", una ley que se aprobó entre abril y agosto de 2003, durante sus últimos tiempos al frente del Ejecutivo catalán. El texto prevé que los ex presidentes puedan atender sus necesidades políticas y personales con “dignidad” y se benefician tanto Pujol, como Pasqual Maragall y José Montilla.
Por esta ley, Pujol disfruta, a cargo de las arcas catalanas de:
- Una pensión vitalicia de 80.000 euros anuales
- Una pensión de viudedad para su cónyuge
- Una oficina de 400 metros cuadrados
- Tres trabajadores públicos, en calidad de ayudantes
- Coche oficial y Chófer
- Título protocolario de "Molt Honorable"
Además, desde Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) también es previsible que se le retire el rango de presidente fundador del partido que mantiene en la actualidad.
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ERC SALVARÁ A PUJOL DE COMPARECER EN EL PARLAMENT Y DE QUE SE INVESTIGUE EL CASO
Por ahora, las acciones podrían acabar aquí, ya que Pujol ni comparecerá en el Parlament para dar explicaciones ni se abrirá una comisión de investigación sobre el caso hasta, al menos, 2015.
A pesar de que el Partido Popular de Catalunya ha pedido la comparecencia del ex president, pocos aliados está granjeándose entre el resto de fuerzas políticas. Aunque Ciutadans y PSC podrían presionar para que Pujol o el president de la Generalitat, Artur Mas, acudan a la cámara catalana a explicarse, de momento han decidido dar un plazo "de gracia" para que lo hagan motu proprio.
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ERC, en cambio, ha manifestado que no apoyará en ningún caso la petición de los populares ya que considera que no tienen autoridad moral tras la negativa de la líder de la formación, Alícia Sánchez Camacho, a acudir al Parlament a declarar sobre el caso de espionaje en el restaurante La Carmarga.
Tampoco prestarán apoyo los republicanos a la comisión de investigación solicitada por el PPC sobre el dinero en el extranjero de la familia del ex jefe del Ejecutivo catalán, y que no podrá prosperar sin los apoyos de CiU o de ERC. Además, por la reglamentación interna del Parlament, la negativa de la fuerza republicana evitará que se abran las pesquisas pertinentes sobre el fraude fiscal de los Pujol hasta 2015, ya que este año los diputados han aprobado otra comisión de investigación, la del caso Spanair. Han agotado así la vía alternativa que permite a tres grupos parlamentarios forzar una comisión de este tipo.