• La morosidad se centrará en las entidades que dependen de Benestar Social i Familia
  • Los profesionales alertan que si no reciben los fondos, tendrán que hacer ajustes en las plantillas
  • El tercer sector atiene a 430.000 personas más desde el inicio de la crisis
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Las deudas de la Generalitat que afectan a ayuntamientos catalanes o al sector farmacéutico, se están cebando especialmente en lo que se conoce como tercer sector, más concretamente, en las entidades que dependen de la conselleria de Benestar Social i Familia, a quienes se les ha anunciado retrasos de los pagos entre septiembre y diciembre de 2014. Las consecuencias de que no llegue el dinero a fin de mes pueden llegar a ser catastróficas para algunas de estas entidades sociales que tienen que hacer lo imposible para mantener el servicio al usuario.

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Al inicio del último cuatrimestre del año, el Govern comunicó a las entidades que gestionan servicios residenciales dirigidos a infancia, personas mayores y discapacidad que el mes de septiembre no podrían cobrar con normalidad el importe correspondiente a la prestación que realizan. La sorpresa fue aún mayor cuando a principios de octubre se les informó que la situación se extendería hasta finales de año: cada mes se les quedará a deber un porcentaje variable, entre el 25 y el 50%, lo que supondrá un acumulado de cerca de 50 millones de euros para cuando arranque 2015.

En todos los casos son asociaciones, fundaciones, proveedores de servicios del Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (Icass), de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (Dgaia) o del sector que asiste a las personas con alguna discapacidad, que se engloba en el Dincat. Estos colectivos denuncian que a esta deuda se tiene que añadir los retrasos acumulados de subvenciones que llevan más de dos años sin cobrarse, lo que está llevando a las entidades al borde del abismo.

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EL TERCER SECTOR FINANCIA A LA GENERALITAT

Àngels Guiteras, presidenta de la Mesa del Tercer Sector -el organismo que las agrupa- denuncia que se se encuentran en un estado de precariedad que se traduce en “que se cuentan con menos recursos para hacer frente a servicios que ofrecen las entidades como el de residencias, cetros de día o centros ocupacionales”. Además, desde el inicio de la crisis las entidades sociales se encargan de 430.000 personas más en Cataluña, según datos del Anuario de 2013 del Tercer Sector.

La Generalitat traslada sus problemas de tesorería a las entidades

“Somos personas que atendemos a personas”, exclama Guiteras que reivindica que para asegurar el servicio, algo que los trabajadores sociales “priman ante todo”, “se tienen que recurrir a préstamos de las entidades bancarias”. La situación roza el esperpento para la presidenta de la Mesa del Tercer Sector porque al final les toca a ellos financiar a la Generalitat, algo que “no tiene ningún sentido”.

Lamenta que la Generalitat cargue sus “dificultades de gestión sobre nosotros”, porque significa “trasladar los problemas de tesorería de la Generalitat a las entidades”, denuncia contundente.

PERSONAS AL SERVICIO DE PERSONAS

Cómo sobrevive cada entidad depende de la logística y servicios de cada una, ya que mientras muchas se ven altamente afectadas otras aguantan mejor el “golpe porque tienen más capacidad económica”, explica Guiteras.

Uno de los sectores que en octubre sólo ingresó el 50% de lo que les tocaba es el que da asistencia a personas con alguna discapacidad, desde el Dincat (Discapacitat intel·lectual Catalunya) -que agrupa a 118 entidades en las que trabajan 8.400 personas- explicaban a La Vanguardia que la moratoria del pago “afecta a los recursos de atención diurna, a centros ocupacionales, de atención especializada y de orientación a la inserción”.

Los bancos no reconocen a la Generalitat como deudor del Tercer Sector

También subrayan desde esta institución que la única salida es pedir dinero prestado los bancos, lo que supone “pagar intereses” de su bolsillo y, además, evidencian otro problema: las entidades bancarias no les conceden los créditos porque “no reconocen a la Generalitat como su deudor,” cuentan fuentes del Dincat a Bolsamania.

Las alternativas son pocas entonces para estos profesionales que sólo puede optar por la redistribución de recursos propios o que en algunos casos acaban “endeudándose con los trabajadores” por la imposibilidad de pagar las nóminas a fin de mes.

Tanto el Dincat como la Mesa del Tercer sector defienden que otra de sus prioridades es que el personal de las entidades mantenga sus puestos de trabajo. Desde el Dincat alertan, no obstante, que “si los impagos persisten y se repiten, sí nos veremos obligados a hacer recortes en las plantillas para poder subsistir”.

Cómo han sobrevivido hasta ahora sólo se explica por el carácter y el espíritu de cooperación social de entidades y profesionales, ya que se este último capítulo, que dejará un agujero de casi 50 millones, se suma a las grandes dificultades por las que han pasado en los últimos años y que se ha saldado con 400 entidades sociales menos en Cataluña en cuatro años. De las 7200 que existían en 2010, ahora quedan 6800.

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