Durante su declaración ante el juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional, Jordi Pujol Jr, el hijo mayor del ex president de la Generalitat, no escatimó en nombres de compañeros de negocios.

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Las alusiones que hizo en la sala 5ª de la Audiencia Nacional a Ignacio López del Hierro, marido de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, o Marcelino Oreja Arburúa, actual consejero delegado de Enagás, son buena muestra de ello.

Según La Vanguardia, se refirió a López del Hierro como prueba de que ha trabajado con personas de todos los ámbitos. Habrían participado juntos en un proyecto del año 2001 de construcción de un sistema de red eléctrica en Gabón. Pujol Ferrusola firmó el contrato de la operación como director general de la empresa IbadesaCat, firma a cargo de Jorge Puig Godes (según consta en el registro) hermano del conseller de Empresa, Felip Puig. Explica el diario que ante el juez señaló a "Ignacio López del Hierro, marido de la señora Cospedal" como partícipe.

En cuanto a Marcelino Oreja Arburúa, actual consejero delegado de Enagás, en el pasado fue director general encargado del área de expansión internacional de la empresa Emte, de Carles Sumarroca, fundador junto con Pujol padre de Convergència Democrática (CDC) y concesionario habitual de obras de la Generalitat.

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DECLARACIÓN DE CINCO HORAS Y LIBERTAD SIN MEDIDAS CAUTELARES

Jordi Pujol Ferrusola estuvo presente en la Audiencia Nacional para declarar ante el juez Pablo Ruz quedó libre y sin medidas cautelares tras declarar durante un espacio de cinco horas.

Al término de la comparecencia, la Fiscalía Anticorrupción no solicitó medidas cautelares contra el imputado, que podrían haber ido desde la prisión con o sin fianza hasta la retirada de pasaporte o las presentaciones periódicas. Tampoco lo ha hecho la Abogacía del Estado.

Pujol Jr respondió en castellano a todas las partes, es decir, el juez, la fiscal, la abogada del estado y su propia defensa.

El primogénito del ex presidente catalán está imputado por el juez Ruz en delitos de blanqueo y fiscales tras comprobar movimientos sospechosos de divisas durante ocho años (2004-2012) en trece países, que rondan los 32 millones de euros.

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