- Da también un ultimátum a España para que elimine "obstáculos injustificados" a procuradores y registradores
La Comisión Europea ha instado este jueves al Gobierno español a trasladar a su legislación y en un plazo de dos meses las normas europeas sobre requisitos de transparencia para los emisores admitidos a negociación en un mercado regulado, o de lo contrario podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Estas normas garantizan que los emisores de valores admitidos a negociación en un mercado regulado de la UE revelen determinada información clave sobre sus operaciones, lo que contribuye a generar en los inversores una confianza permanente y a completar la Unión de Mercados de Capitales, según ha explicado Bruselas.
La advertencia tiene la forma de un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción, y da dos meses al Gobierno de para responder a las exigencias de Bruselas.
De lo contrario, el Ejecutivo comunitario podría seguir adelante con el expediente y llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También ha advertido a Irlanda, Portugal, Rumanía y Letonia, que tampoco han cumplido con el plazo de trasladar la norma al ordenamiento jurídico nacional antes de finales de noviembre de 2015.
BRUSELAS APUNTA A MÁS SECTORES
La Comisión Europea ha anunciado también este jueves que llevará a España al TJUE de Luxemburgo por no cumplir las normas europeas en materia de acceso a la profesión de transportista por carretera, al considerar que las exigencias que impone España "discrimina a los pequeños" empresarios. La norma europea establece que las empresas que operan en el mercado del transporte por carretera deben de tener "uno o más vehículos" matriculados en el Estado miembro de establecimiento, mientras que España exige al menos tres matriculados.
Bruselas llevará a España a la justicia por no cumplir las normas en materia de acceso a la profesión de transportista
"La Comisión considera que este requisito es desproporcionado y puede ser discriminatorio contra los pequeños transportistas, que muy a menudo solo disponen de un vehículo y quedan por tanto excluidos del mercado del transporte por carretera", ha argumentado el Ejecutivo comunitario.
Bruselas, además, ha instado este jueves a España a eliminar los "obstáculos injustificados" a la prestación de servicios de procuradores, registradores de la propiedad y de empresas y representantes legales. En concreto, el Ejecutivo comunitario cree que las tarifas mínimas obligatorias y las restricciones multidisciplinarias para estas profesiones jurídicas van en contra de la directiva que regula la prestación de servicios en el mercado único.
La norma europea trata de corregir las restricciones que dificultan el establecimiento y prestación transfronteriza de servicios en el conjunto de la Unión Europea, tales como exigir que la sede de la empresa esté en determinada jurisdicción, establecer tarifas mínimas obligatorias o fijar requisitos de autorización desproporcionados o derechos exclusivos.