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Esta quincena de operaciones “irregulares”, según fuentes jurídicas, eran básicamente de Bancaja y algunas estaban relacionadas con créditos supuestamente irregulares concedidos a empresas del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, incluido uno de 35 millones a Share Capital para la compra de activos inmobiliarios en Europa del Este.
Asimismo, la entidad ha remitido un escrito en el que sugiere a Andreu que si, tras analizar toda la información, encuentra que “alguno o algunos de los documentos no son útiles ni conducentes al objeto de la pericia” no se incorpore a la causa. Bankia explica que busca con ello proteger la intimidad de sus clientes y su posición ante el mercado, así como garantizar su derecho a la defensa.
S.C.