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La empresa, que controla el 90% del mercado canario, balear y de las ciudades autónomas, obtiene importantes ingresos como consecuencia de ello, lo que, al mismo tiempo, tiene notable relevancia en su balance. Un modelo de liquidación de costes favorable a la compañía y que Albert Nadal, secretario de Estado, cree que es momento de revisar. Es por este motivo que estudia fórmulas para modificar el método de cálculo de ese sobrecoste que paga para garantizar el suministro en las islas.
Para complicar más las cosas todavía, la nueva ley plantea un veto a las retribuciones a “nuevas instalaciones de empresas o grupos de empresas que poseen más del 40% de la potencia de generación” e implicará también el traspaso a Enagás de dos plantas de regasificación planificadas en Tenerife y Las Palmas. Eso sin contar con la venta obligada a REE de los sistemas de bombeo eléctrico en Canarias y Baleares. Unos cambios que, evidentemente, no cuentan con el beneplácito de Borja Prado, presidente de la compañía, que ve como su empresa podría salir bastante perjudicada de los cambios que planea el Ejecutivo español.
A la espera de que las cosas se aclaren, Morgan Stanley ya confirmó el jueves que se decanta por aquellas utilities menos expuestas a la electricidad. “El peor valor para nosotros es REE (infraponderar; 35,10 euros), mientras que, en sentido contrario, el mejor es Gas Natural (sobreponderar; 17,30 euros)”. Sobre Endesa tienen una recomendación de neutral, con precio objetivo en los 17,4 euros.
A esta hora, Endesa baja un 1,62%, hasta los 17,0300 euros.
S.B.