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Su presidente, Werner Hoyer, ha instado, según transcribe Europa Press, a Grupo Unidos por el Canal (GUPC), liderado por la española Sacyr y la italiana Impreglio, y a la ACP a buscar una solución al conflicto: “Es de vital importancia que se finalice este proyecto e insto a todos los socios participantes en este procedimiento legal a tratar de encontrar una solución dentro de los contratos (…) Todos los contratos contienen mecanismos para la resolución de disputas y esperamos que éstos se apliquen con éxito”.
Después de que ayer venciera el último de los plazos que se han manejado en esta disputa desde que estallara, Sacyr sigue necesitando tiempo y flexibilidad de algunos de los agentes que pueden intervenir: la aseguradora Zurich Financial y el Gobierno de España; y, por supuesto, no le conviene que en el país de su compañera en GUPC, la italiana Impreglio, se haya producido un nuevo vacío de poder.
Sobre Zurich Financial, se especula con que aceptará la propuesta de convertir los 400 millones de dólares del seguro que contrató el consorcio en una línea de crédito, pero la compañía no lo ha confirmado aún. Además, Sacyr habría pedido a la aseguradora española de capital público Cesce que también modifique el aval del contrato de garantía del préstamo de 160 millones de euros que le dio. La última palabra en este punto la tendría el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que aseguraba el pasado 5 de febrero que el objetivo del Gobierno es minimizar el impacto que esta crisis pueda provocar en las arcas públicas. Que Cesce asuma más riesgos lo debe decidir la Comisión Delegada del Gobierno que se celebra el jueves y, posteriormente, el Consejo de Ministros de este viernes. El Confidencial asegura que el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, ha tentado ya al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para que interceda en esta decisión.
Los expertos de Ahorro Corporación Financiera (ACF) recuerdan las siguientes cifras, en caso de que se dé el peor de los casos, es decir, que Sacyr sea expulsado del proyecto:
- El consorcio perdería los 280 millones de dólares de equity invertido, de los que Sacyr puso el 48% y que están totalmente provisionados.
- De las garantías que hay sobre el proyecto, hay 550 millones de dólares que son garantías técnicas, y cuya ejecución no procede dado que es un problema financiero y no técnico, y 780 millones de dólares de avales sobre anticipos a 31 de diciembre, a los que el consorcio tendría que hacer frente. Teniendo en cuenta se ha continuado ejecutando obra, y que Sacyr tiene una presencia del 43% en los avales, Sacyr tendría que desembolsar a día hoy cerca de 235 millones de dólares (unos 175 millones de euros). Esta cantidad tendría que ser provisionada y desembolsada.
- Sacyr ha contabilizado 250 millones de dólares de obra que no han cobrado siguiendo las normas de contabilidad y las instrucción del auditor, por lo que tendría que provisionar dicha cantidad.
- Además, todavía quedan 370 millones de euros de este proyecto en cartera, que estaba previsto ejecutar entre 2014 y 2015.
Mantienen, sin embargo, desde ACF, que su escenario base es un acuerdo preliminar, que permita terminar las obras, y que posteriormente, después de las elecciones en Panamá, se cobren entre 800 y 900 millones de dólares, de un total de 1.600 de sobrecostes, que permita al consorcio cubrir costes.
A las 15:09, Sacyr sube un 1,75%, hasta los 3,9520 euros.
M.G.