- La falta de producto es uno de los factores que los promotores inmobiliarios achacan a la burbuja del alquiler
Promotores inmobiliarios y constructores de Barcelona están en pie de guerra contra la alcaldesa Ada Colau. La modificación del Plan General Metropolitano que ha aprobado el equipo de Gobierno de Barcelona en Comú, por la que pretende reservar un 30% de cualquier obra nueva o rehabilitada a vivienda social, ha generado un rechazo unánime del sector. Acusan a Colau de tirar adelante la medida sin consultar con las promotoras y de abocarlos a una parálisis total en un momento en que la falta de producto es el principal factor de la burbuja del alquiler.
La propuesta, que estaba prevista que se llevara al pleno de finales de mes, se ha aprobado este lunes en la comisión de Ecología, Urbanismo y Movilidad con el apoyo de Barcelona en Comú, ERC, el PSC y la CUP, la oposición del PP y la abstención del PDECat, Ciudadanos y el concejal no adscrito Gerad Ardanuy.
Colau ha aceptado esperar a su aprobación definitiva para aplicarla, prevista para otoño, para que ERC y PSC se sumaran al sí y aseguraran su aprobación este lunes. Pero este trámite es solo una aprobación inicial. Después, deberá votarse en el pleno antes de recalar en la subcomisión de Urbanismo conjunta de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona.
Tanto el Gremio de Constructores de Obras de Barcelona y Comarcas como la Asociación de Promotores de Cataluña y España (APCE) han afeado al Gobierno municipal la unilateralidad con la que ha elaborado esta modificación. Los promotores catalanes han asegurado, además, que “no solo no resolverá el problema de la vivienda en la ciudad, sino que tendrá un efecto contrario ya que, por un lado podría provocar una parálisis en la actividad del sector, y por otro añadir aún más presión sobre los precios, debido al desequilibrio que esta medida generará entre la oferta y la demanda”.
“De salir adelante esta medida, probablemente se produciría una suspensión de licencias, con todo lo que ello conllevaría”, lamentaba la APCE antes de conocer su aprobación. Esta entidad, cuyos servicios jurídicos están estudiando emprender medidas legales, critica duramente que se cargue sobre los hombros del sector privado engordar el parque de vivienda destinada al uso social. Subrayan que “debe existir” este tipo de pisos pero demandan que su modelo sea “eficiente”.
“La medida impulsada por el equipo de Colau acabará por tener una incidencia perniciosa en los precios de la vivienda de la ciudad condal”
EFECTO REBOTE
En definitiva, denuncian que la medida impulsada por el equipo de Colau acabará por tener una incidencia perniciosa en los precios de la vivienda de la Ciudad Condal. Fuentes del sector aseguran que la burbuja del alquiler que vive Barcelona obedece precisamente a la falta de producto. Y en un momento en que el coste medio de los nuevos contratos de arrendamiento firmados superó, por primera vez en la historia, la barrera de los 900 euros al mes en 2017, según datos oficiales de la Generalitat, que se congelen las licencias sólo añadirá más tensión a los precios.
Por este motivo, el presidente del Gremio de Constructores, Josep Gassiot, reclama a las administraciones “medidas incentivadoras y no coercitivas” para incrementar la oferta de vivienda social y “cubrir todo tipo de necesidades de constructores, compradores e inquilinos”, agrega.
SIN LICENCIAS PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES
Con el Plan General Metropolitano quedarán exentos los promotores que adquirieron fincas e iniciaron procesos entre el 1 de enero de 2016 y la aprobación inicial. Estos tendrán un plazo de dos años desde la aprobación definitiva -prevista para dentro de unos meses- para adecuarse a la nueva medida.
Las licencias a partir de la aprobación inicial se darán en base a la anterior norma, todavía vigente, pero las que no cumplan con el requisitos de destinar el 30% a vivienda protegida se suspenderán, por lo que en la práctica quedarán en el aire todas las licencias que no destinen el 30% y sólo se darán las que cumplan con el requisito.
El consistorio de la capital catalana estima que en base a esta medida se podrían generar al año entre 350 y 400 viviendas protegidas, sobre las que el Ayuntamiento tendrá derecho de adquisición preferente. No obstante, fuentes del sector aseguran a ‘Bolsamania’ que el Gobierno local ha tramitado esta medida sin planificación, bajo la presión de entidades como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y con el objetivo de “conseguir un impacto mediático".
