El Banco Santander no está asustado por las reclamaciones de gigantes como Pimco o la familia Del Valle por sus fuertes pérdidas en la resolución del Popular. Y lanza un mensaje hacia quien le vendió el banco, la JUR (Junta Única de Resolución): es ella la que debe preocuparse por las demandas.
El consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez, se mostró convencido en la presentación de los resultados trimestrales de que será suficiente con los 872 millones provisionados para resarcir a los antiguos accionistas del Popular, tanto por los bonos de fidelización como por las posibles demandas judiciales.
Sin embargo, la que debe estar preocupada es Elke König, la presidenta de la JUR, a juicio del número dos del banco español. Así lo aseguró en una conferencia con analistas, en la que dijo que los litigios son un problema más para el organismo europeo que para ellos. De hecho, la JUR ha recibido una avalancha de demandas de inversores pequeños y grandes ante el Tribunal de la UE que piden la nulidad de la resolución y venta del Popular al Santander.
Más aún, se ha reunido por segunda vez el panel de apelación de la propia JUR ante las múltiples reclamaciones de los afectados que solicitan conocer el famoso informe de Deloitte completo. La primera reunión de este órgano permitió la publicación en febrero de una versión censurada de esta valoración, y la JUR justificó este secretismo precisamente porque el Santander había pedido que no se hiciera público completo. La entidad, en cambio, sostiene en público que es partidaria de la máxima transparencia.
La propia König ha anunciado que espera que el informe definitivo de Deloitte se publique de forma inminente. Este informe determinará si habría salido mejor liquidar el banco, es decir, cerrarlo y vender sus activos. En caso de que así fuera, los antiguos accionistas y tenedores de subordinada recuperarán lo que Deloitte estime que se podría haber obtenido con esa venta.
La tranquilidad del Santander choca con las reclamaciones interpuestas en Nueva York por los inversores mexicanos liderados por Del Valle y por el gigante Pimco (la mayor gestora de fondos de bonos del mundo), que han pedido a un juez norteamericano que obligue al banco a hacer pública toda la documentación relevante de la operación. En teoría, se trata de apoyar sus demandas contra el Santander en Europa. Otros accionistas minoritarios también han emprendido acciones judiciales contra el banco que preside Ana Botín al que acusan de 'enriquecimiento ilícito'.
DEL VALLE Y PIMCO NO ASUSTAN
Ahora bien, aquí el Santander juega con las cartas marcadas. Del Valle no puede ir contra los anteriores gestores del Popular puesto que él era consejero tanto con Ángel Ron como con Emilio Saracho. Por tanto, no puede demandarse a sí mismo; de hecho, está imputado en la Audiencia Nacional en la causa que instruye el juez Fernando Andreu. Así que no le queda más remedio que ir contra la JUR y el Santander, pero su situación judicial en España debilita su reclamación.
En cuanto a Pimco, es propiedad de la aseguradora alemana Allianz, con la que el Santander está negociando la ruptura del acuerdo que tenía con el Popular en seguros y gestión de activos. Y la reclamación de Pimco va incluida en el 'pack'. Por tanto, lo más probable es que alcance un acuerdo global que cierre todos los frentes abiertos y que entierre la demanda de la gestora de fondos. De hecho, Álvarez se mostró ayer convencido de que se llegará a un compromiso "más pronto que tarde".