México.- La CIDH desplegará la próxima semana la nueva misión para investigar el caso Iguala

El equipo de la CIDH está encabezado por su relator para México, Enrique Gil Botero, que contará con el acompañamiento del presidente de la CIDH, James Cavallaro, y su secretario ejecutivo, Paulo Abrão, así como de diversos especialistas.

Los expertos regionales visitarán Ciudad de México y Ayotzinapa y se reunirán tanto con las autoridades mexicanas como con los familiares de los 43 'normalistas' desparecidos "a fin de explicarles directamente sus funciones y metodologías".

"El plan de trabajo de este mecanismo tendrá una duración de doce meses e incluirá labores de recopilación de información y documentación sobre el caso", ha detallado la institución regional a través de un comunicado.

Además, ha recalcado que "tiene la expectativa de que las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sean debidamente cumplidas", ya que el mecanismo "sirve para dar seguimiento al progreso en la implementación de las mismas".

El mecanismo es fruto de un acuerdo entre el Gobierno y la CIDH alcanzado el pasado 29 de julio después de las tensiones bilaterales por los obstáculos de las autoridades mexicanas al GIEI. "Buscamos la integral colaboración de todos los poderes del Estado", ha dicho Gil Botero.

LA VERSIÓN OFICIAL

Según el relato oficial, los 43 'normalistas' desaparecieron en la madrugada del 26 al 27 de septiembre de 2014 cuando viajaban en cuatro autobuses desde Ayotzinapa, su municipio, hasta el vecino Iguala para recaudar fondos para poder ir a la conmemoración de la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre en Ciudad de México.

A la entrada de Iguala fueron interceptados por la Policía local por órdenes de María Ángeles Pineda, mujer del alcalde, José Luis Abarca, que no quería que los estudiantes de magisterio reventaran un acto oficial que tenía programado para ese día, como ya habían hecho en ocasiones anteriores.

'Normalistas' y policías se enfrentaron, éstos últimos haciendo uso de munición real, con un saldo de seis muertos y 25 heridos. Los 43 jóvenes restantes fueron metidos en furgones policiales y entregados a la Policía del vecino municipio de Cocula, quienes a su vez los dejaron en manos del cártel de Guerreros Unidos.

Guerreros Unidos había recibido la información de que los jóvenes eran miembros del grupo rival Los Rojos, por lo que fusilaron a los que quedaron vivos y prendieron fuego a sus cadáveres en el basurero municipal para después arrojar sus cenizas al río San Juan.

LA VERDAD DE LA CIDH

Esta versión de los hechos, que nunca fue aceptada por las familias y amigos de los 43 'normalistas', que han seguido defendiendo incansablemente que siguen vivos ('vivos se los llevaron, vivos los queremos') ha sido desmontada por la CIDH.

Los investigadores regionales han determinado que no hubo un solo enfrentamiento entre 'normalistas' y uniformados, sino que se produjeron hasta nueve en los que, además de policías municipales, intervinieron miembros de la Policía Federal y del Ejército.

La CIDH sostiene que las autoridades mexicanas tenían plenamente identificados a los 'normalistas' y sabían que no iban armados ni pretendían boicotear el acto oficial de Pineda, de modo que fue un ataque deliberado a civiles.

Además, para la CIDH resulta absolutamente imposible que fueran incinerados. La PGR sostiene que el fuego duró 12 horas, pero forenses independientes han determinado que se necesitarían 60 horas para quemar 43 cuerpos humanos y que la llama y el humo habrían alcanzado una altura de 300 metros, lo cual habría llamado la atención de los vecinos, que habrían dado aviso a Bomberos, algo que no ocurrió.

La CIDH ha apuntado a una nueva línea de investigación basada en el tráfico de droga en el estado de Guerrero usando para ello autobuses municipales, los mismo que llevaron a los 'normalistas' hasta Iguala.