El retorno del ‘exit tax’

El retorno del ‘exit tax’
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No se pueden poner puertas al campo, ni tampoco construir barreras fiscales a la globalización económica. Eso es, en síntesis, el impuesto de salida, el devengo anticipado de plusvalías latentes por cambio de domicilio fiscal de los contribuyentes, sean personas físicas o residentes. ¿Su razón de ser? Un instrumento preventivo del fraude fiscal que pretende evitar que los contribuyentes reduzcan su factura fiscal mediante el sencillo expediente de cambiar de jurisdicción fiscal antes de vender o realizar acciones o activos.

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Hace ya unos años, algunos sostuvimos -y el tiempo nos ha dado la razón- que este mecanismo preventivo, contemplado en muchos convenios para evitar la doble imposición, era incompatible con la libertad de circulación de personas en el espacio comunitario que constituye un mercado integrado en el que no pueden construirse barreras fiscales de este tipo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea acabó condenando a España porque su legislación no cumplía con las exigencias superiores de los Tratados de la Unión y, finalmente, el legislador español tuvo que adaptar su normativa.

La reciente Reforma Fiscal ha incorporado ya la nueva jurisprudencia comunitaria, mejorando la situación existente hasta ahora en algunos aspectos, y enquistando la deficiente regulación nacional en otros.  Que la persona física solo tenga que tributar en su IRPF por la realización efectiva del activo (venta o enajenación), y no por el simple cambio de residencia fiscal, constituye sin duda un avance considerable.


Pervive el problema del gravamen de las plusvalías ficticias sin consideración a las posibles pérdidas sobrevenidas con posterioridad a la desconexión de la jurisdicción fiscal española

El cambio de domicilio

Por el contrario, que deba autoliquidarse la plusvalía latente, no realizada aún, por un simple cambio de domicilio -cuando se trata de la renta diferida aflorada en una previa reestructuración empresarial (fusiones, absorciones, etc.)- es enquistar un problema ya conocido. Cuando no agravarlo, porque ciertamente también se contempla ahora la posibilidad del aplazamiento, pero es objeto de una regulación que empeora la situación hasta ahora existente, al menos en cuanto se refiere al devengo de intereses de demora.

En caso de que el traslado de domicilio no sea en territorio comunitario, la factura fiscal se produce por el sólo cambio de domicilio, independientemente de que se realicen o no las plusvalías, pero con posible aplazamiento. En una palabra, nuestra legislación tributaria penaliza fiscalmente el cambio de domicilio, sobre todo, si se produce a territorio extracomunitario.

Pervive el problema del gravamen de las plusvalías ficticias sin consideración a las posibles pérdidas sobrevenidas con posterioridad a la desconexión de la jurisdicción fiscal española, o de la tributación no sólo de la renta diferida sino también de la generada con posterioridad o de la afloración de la generada con anterioridad a la entrada en España que posteriormente con migración posterior a otro Estado.También subsiste el engorroso tema de constituir garantías para un aplazamiento que sigue produciendo intereses por (y este es el problema de base) una plusvalía todavía no realizada.

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¿Presunción de fraude fiscal?

Llegamos al meollo de la cuestión: ¿se puede exigir un tributo si todavía no se ha realizado su hecho imponible? ¿Se puede gravar una plusvalía todavía no realizada? ¿Es la simple sospecha, no contrastada, de que se cambia de residencia para no pagar impuestos en la jurisdicción donde se ha generado la plusvalía título suficiente para el devengo anticipado de un impuesto? La respuesta es necesariamente negativa.

El moderno sistema tributario descansa en el principio constitucional de capacidad económica. Este principio basilar de todo sistema fiscal exige que sólo se paguen impuestos si se grava una manifestación concreta de riqueza. Así lo ha entendido nuestro Tribunal Constitucional. Es desproporcionado sentar una presunción de fraude que entorpece gravemente la libre circulación económica.

Una reflexión crítica de la reforma llevaría a extender la solución flexible adoptada para el IRPF en caso de traslado de residencia dentro del territorio comunitario a todos los supuestos. O bien a condicionar si se quiere este régimen flexible (en el que sólo se impone la obligación de tributar si dentro de cierto lapso temporal se realiza efectivamente la plusvalía), a que se trate de un Estado que tenga suscrito con España un Convenio de Doble imposición con cláusula de intercambio de información. O, sencillamente que se condicione a la existencia de una motivación económica, personal, familiar, o laboral. Pero presumir el fraude no es una buena solución y daña nuestro sistema económico.

 

JJUC* Jorge de Juan Casadevall es Socio del despacho de abogadodos Cuatrecasas, Gonçalves Pereira y experto en ámbitos de la fiscalidad contenciosa (reestructuraciones empresariales, fiscalidad comunitaria, delito fiscal, etc.) y de la sucesión familiar. Es autor de uno de los documentos más leídos en estos días acerca del ya famoso ‘exit tax‘ incluido en la próxima reforma fiscal.

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