Argumentos a favor y en contra de los puntos polémicos del acuerdo de paz colombiano

De lado y lado se habla de mentiras y en los escenarios menos extremos se refieren a los 'sapos' que habría que "tragarse" en caso de darle el sí al plebiscito. Estos son algunos de los puntos que más polémica provocan, con las críticas que de ellos se hace desde distintos sectores, y las razones en las que se funda el Gobierno y el equipo negociador para justificar la necesidad de darles vía libre.

CESE AL FUEGO BILATERAL Y DEFINITIVO

Crítica: el expresidente de la República y hoy senador Álvaro Uribe Vélez cuestionó: "¿Sin las Fuerzas Armadas quién protegerá a los araucanos que siguen siendo extorsionados por FARC?".

A esto se sumó el también senador del Centro Democrático Alfredo Rangel afirmando que "el cese al fuego definitivo de Santos es el permiso legal para que campamentos de Farc sigan en el narcotráfico sin ningún riesgo".

Explicación: Al respecto, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, señaló este viernes que "el cese al fuego no es una patente para extorsionar o para delinquir. Con este cese al fuego termina el conflicto armado con las FARC, por lo que se suspenden las acciones de la Fuerza Pública contra las FARC. Sin embargo -precisó- no estamos en un cese contra el delito, y seguiremos persiguiendo conductas en el país como la extorsión, el tráfico de personas y el narcotráfico".

Entre tanto, el general retirado del Ejército Jorge Mora Rangel, miembro de la comisión negociadora en Cuba, se refirió al tema afirmando que "lo primero que hay que decir es que le hemos cumplido a nuestros soldados y policías. Las Fuerzas Militares no hacen parte de la mesa en La Habana. Los cambios y las reformas que se presentan en las Fuerza Militares son propios de las Instituciones, nada tienen que ver con los acuerdos de La Habana".

LOS GUERRILLEROS QUE SE DESMOVILICEN RECIBIRÁN EL 90 % DEL SALARIO MÍNIMO POR 24 MESES

Crítica: A través de su cuenta de Twitter el senador del Centro Democrático Alfredo Rangel criticó que las "víctimas pagarán 10 millones a cada terrorista desmovilizado, más un salario mínimo durante dos años".

Explicación: Sobre este tema el negociador del Gobierno con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) e integrante de la mesa con las FARC Frank Pearl, señaló que "Colombia tiene una gran experiencia en materia de reintegración. Lo acordado es que los desmovilizados van a recibir apoyo psicosocial y terminar la ruta educativa. Luego de esto podrán ser apoyados para iniciar un plan de negocio individual o con personas que no han sido guerrilleros".

Por los primeros 24 meses los desmovilizados recibirán el 90 por ciento de un salario mínimo mensual (621.000 pesos ó 213 dólares) para mantenerse, pero para esto deberán estar en el programa de reincorporación. Después de ese tiempo se dará un apoyo monetario condicionado a que los desmovilizados estén capacitándose para vincularse a la vida laboral.

Pearl comparó ese costo con el que por año representa una persona en la cárcel, sumado al nivel de reincidencia de quien sale de prisión. Sobre éste último aseguró que es superior al 75 por ciento. En cuanto a los costos de atención a desmovilizados en el programa de reintegración, señaló que se puede afirmar que son del 40 ó 50 por ciento menos elevados, y el porcentaje de éxito es del 92 por ciento. "Acá se trata de invertir en las personas para que tengan capacidades en el mercado laboral", dijo Pearl.

LAS FARC TENDRÁN EN 2018 DIEZ CURULES EN EL CONGRESO

Crítica: Rangel manifestó que "afros e indígenas son el 30% de los colombianos y tienen solo tres curules (asientos) en el Congreso; las Farc no representan a nadie y tendrán 26 curules".

Explicación: Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Gobierno, señaló que no habrá asignación de curules a dedo. El nuevo partido que surja del tránsito de las FARC a la vida política legal deberá participar en los procesos electorales de 2018 y 2022 para asegurar una representación mínima en el Congreso de la República.

El acuerdo garantiza una representación mínima de cinco senadores y cinco representantes a la Cámara durante los próximos dos períodos electorales. En todo caso sólo se asignarán las que faltaren para completar cinco curules, de tal manera que cuando la lista obtenga cinco o más, no se asignará ninguna adicional.

"El propósito de cualquier acuerdo de paz en el mundo es la dejación de las armas y el ingreso a la vida política civil y en democracia", añadió Roy Barreras, integrante de la mesa de negociadores. En este caso, manifiestan los negociadores, se trata de una transición política en la que la guerrilla debe ir a hacer campaña para convencer a los electores de sus ideas. "El acuerdo de paz es una gran oportunidad para la inclusión política que implica cambiar las armas por las urnas", concluye Barreras.

LA ENTREGA TOTAL DE ARMAS SE CUMPLIRÁ EN EL DÍA D+180 O SEA, A MEDIADOS DE FEBRERO, ESTO SIGNIFICA QUE ESTARÁN ARMADOS DURANTE LA CAMPAÑA PARA EL PLEBISCITO

Crítica: Los cuestionamientos están relacionados en este caso con que las FARC pudieran influir con armas en la aprobación del plebiscito.

Explicación: "Los soldados de Colombia y las Fuerzas Militares y de Policía no vamos a permitir que se haga política con armas, es parte de nuestro diseño operacional que eso no vaya a suceder, por eso las autoridades civiles y los Gobernadores y Alcaldes tienen que estar tranquilos", dijo el general Alberto José Mejía, comandante del Ejército.

El oficial explicó que desde el lunes que inicia el cese al fuego bilateral, Naciones Unidas comienza sus procesos de despliegue, y cuando estén claros los protocolos de la preconcentración ellos van a estar allí en esos lugares de tránsito, lo mismo que los militares.

LOS GUERRILLEROS QUE RECIBAN LA AMNISTÍA PODRÁN SER ELEGIBLES PARA CARGOS PÚBLICOS

Critica: Este punto ha sido cuestionado por cuanto varios sectores hablan de impunidad.

Explicación: Al respecto, Humberto de la Calle Lombana, citando el Protocolo II de Ginebra, señaló: "La obligación es que al terminar las hostilidades se conceda la amnistía más amplia posible" y precisó que "los delitos más graves no se amnistían, como tampoco los delitos comunes, los demás serán examinados por el Tribunal de Paz. La tradición en Colombia ha sido la de mantener la figura del delito político donde aparece la necesidad de dar el paso hacia la amnistía".