La casta contra los propietarios de vivienda
Juan Ramón Rallo
España es un país que recibe cada año más de 70 millones de turistas y donde el 79% de las familias es propietaria de una vivienda (el 46% la ha pagado ya de manera completa y el 33% carga con deudas hipotecarias pendientes de pago); pero, al mismo tiempo, también es un país con una tasa desempleo del 18,6% y con un sistema de pensiones público en abierto retroceso.
Dicho de otra forma, España es un país donde muchos jóvenes, adultos y ancianos están expuestos a gravosas insuficiencias de ingresos y donde, por consiguiente, habría que facilitar la generación de nuevas rentas mediante un aprovechamiento eficiente de nuestros activos actualmente disponibles: activos entre los que, por diversos devenires históricos, destaca un parque de viviendas muy equitativamente distribuido entre la población. Si uno es víctima de alguna debilidad incorregible (poco empleo y pensiones), el sentido común parece indicar que debería intentar contrarrestarla en parte con sus fortalezas (mucha vivienda).
Y, sin embargo, los españoles se ven continuadamente machacados por un conjunto de mandatos políticos que les impiden sacar partido de esas fortalezas. En el caso de la vivienda, me refiero a todas aquellas trabas e interferencias administrativas que impiden a los propietarios de un inmueble aprovecharlo económicamente del modo en que juzguen más atractivo: por ejemplo, impuestos sobre pisos vacíos, impuestos sobre la propiedad o sobre la herencia, lentitud y cortapisas judiciales a los desahucios, planificación urbanística de carácter muy restrictivo, e incluso los controles de los precios del alquiler que ya están impulsando ciertas formaciones políticas... Leer Más