México ha vuelto a despertar al fantasma de la prohibición de comisiones bancarias. La posibilidad de que el Gobierno mexicano tramite una ley que limite estos recargos pone en jaque el 12% de las cantidades totales que ingresan por este concepto BBVA y Santander, los principales bancos españoles presentes en el país, que suman 1.475 millones de euros.
La causa penal que investiga el caso Popular cambia de juez en pleno proceso de instrucción. Fernando Andreu, que también fue encargado de la instrucción del caso Bankia, se ha incorporado ya a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, su nuevo destino. El caso Popular, sin embargo, no se queda huérfano, pues lo asumirá José Luis Calama Teixeira, un juez con una dilatada experiencia judicial, pero que no ha participado en procesos bancarios de relevancia, pues hasta el momento se encargaba de procedimientos abiertos en la capital madrileña.
Santander ha sido multada por la Oficina de Proteccion al Consumidor Financiero (CFPB, por sus siglás en inglés) de Estados Unidos por no informar adecuadamente sobre las condiciones de un préstamo concedido por su filial de consumo en el país norteamericano. La multa asciende a unos 2,5 millones de dólares (2,2 millones de euros), pero la entidad también deberá devolver a los clientes afectados 9,29 millones de dólares (8,2 millones de euros).
Tras catorce meses de comparecencias y dos de análisis de las conclusiones, la comisión del Congreso que investiga la crisis financiera considera que “no ha quedado claro” si las autoridades competentes (véase, la JUR y el BCE) analizaron mecanismos alternativos a la resolución o soluciones privadas para que Popular no tuviera que ser intervenido y subastado en la noche del 6 de junio de 2017.
