Como siempre, el Gobierno y su ministerio de Hacienda nos la vuelven a liar a los inversores españoles. Después de más de 25 años de presencia de los fondos cotizados o ETF en el mercado español, lo que se esperaba que iba a suponer un cambio sustancial en materia fiscal en las posibilidades de distribución de este producto entre los inversores finales se ha dado la vuelta.
El Gobierno, mediante decreto ley, ha aprobado la transposición de la Directiva Europea de Mercados Financieros, conocida como MiFID II, con el respaldo de la mayoría de los partidos políticos. Esta transposición, que acumulaba un retraso de 15 meses, va a suponer una serie de ventajas para los inversores españoles en fondos, que hasta ahora dependían de las redes bancarias. MiFID II es el principio de un paso en el que estarán presentes los jugadores independientes.
En los últimos meses, muchas voces están dando su opinión sobre el futuro del sistema público de pensiones en España, un modelo que, si nadie lo impide, corre el riesgo de quiebra en un plazo máximo de dos años. Mes a mes, el gasto en pensiones contributivas sigue batiendo récords –en septiembre aumentó un 4,86% sobre el mismo mes de 2017, hasta alcanzar los 9.235 millones de euros- y un incierto futuro se vislumbra para los trabajadores en activo debido al agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, lo que denominamos coloquialmente la hucha de las pensiones: a día de hoy ,apenas quedan 8.000 millones de euros.
Los fondos garantizados tuvieron su momento de auge en España cuando nos alcanzó de lleno la gran crisis de 2011, llegando a representar más del 50% del total de activos bajo gestión en nuestro país. Estos mal llamados fondos, que mediante complicadas estructuras de derivados y con unas garantías que implican que es casi imposible obtener resultados positivos, utilizan índices de referencia de renta variable y renta fija para al final devolver el mismo dinero invertido al principio del período, que suele estar fijado entre 5 y 7 años.
