El progreso lleva cambios. A veces pueden ser más abruptos o menos. La robotización de los procesos de trabajo se llevará por delante miles de puestos de trabajo pocos cualificados. El uso de energías limpias y renovables conducirán a un menor uso de, por ejemplo, el carbón. Los avances no significan inquina contra un determinado sector. Pero el progreso no se puede frenar. Hoy, con el aumento de entre 10 y 15 céntimos por litros, comienza el fin del diésel.

“El diésel tiene sus días contados (…) Su impacto en la calidad del aire es lo suficientemente importante como para ir pensando en un proceso de salida”. Las palabras de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, no son un ataque al sector automovilístico ni al diésel, sino un empujón a otras opciones, hoy minoritarias, como los vehículos eléctricos o híbridos. Aunque, afortunadamente, la subida de los impuestos a este combustible no se repercutirá a los autónomos ni a los profesionales.

La ecuación es sencilla. Con la equiparación fiscal del diésel y la gasolina se desincentiva la venta de estos vehículos y, por tanto, su producción. Las empresas automovilísticas no querrán perder dinero, incluso aprovecharán la coyuntura para obtener un mayor beneficio apostando por la fabricación de vehículos eléctricos o híbridos (el más común es aquel que combina un motor de combustión interno y uno o varios motores eléctricos). Estos movimientos animarán a la creación de más puntos de recarga y de implementar un sistema más accesible para todos los ciudadanos. De momento, adquirir un vehículo 100 % eléctrico no está al alcance de todos. Una persona que viva en un barrio tendría muy difícil cargar la batería de su coche, ya que solo hay puntos de recarga en determinadas zonas, lejos de la periferia y de los barrios humildes.

El progreso es imparable e innegable, volvemos a insistir. Lo fundamental es evitar que determinados ciudadanos se queden atrás. Los gobiernos no están para atender los lamentos de determinados grupos de presión -empresas representando a empresas-, que ya han puesto el grito en el cielo tras el anuncio de la medida. Los gobiernos, y sobre todo los de corte progresista, están para beneficiar a la inmensa mayoría.

Los autónomos no verán repercutida la subida impositiva del diésel, algo que sin duda es muy beneficioso para esta gran parte de la población. Sin embargo, como apunta Antonio Maestre en su artículo ‘Seis euros por depósito’, esta medida choca directamente con los intereses de la clase trabajadora. “Los coches diésel contaminan mucho, más aún cuando tienen más de diez años, y los autónomos y las clases populares tienen como manía comprarse coches que duren mucho, gasten poco y, además, no pueden permitirse cambiarlo cada cinco años […] La medida del PSOE supone que un coche diésel que tenga un depósito de unos 60 litros verá incrementado su coste en seis euros por depósito”, señala en el artículo.

Casi nadie duda de que el motor a combustión tiene sus días contados y que el eléctrico le sustituirá. Avanzar es inevitable, pero minimizar el impacto de determinadas medidas sobre la clase trabajadora debería ser prioritario. El progreso es cosa de todos.

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